@marcelclaude Foro en Universidad Católica 23 04 2013 HQ

@marcelclaude "No existimos como ciudadanos, somos sólo un costo"

Chile, mete miedo….!!!!! Chile da Miedo! - M. A. Rendón -

…Chile, mete miedo….!!!!!

Miguel Ángel Rendón Escobar

..Cualquier persona que camine por plaza Italia, y levante la vista hacia la torre de departamentos ubicada en la esquina de vicuña mackenna con la alameda, verá en el techo, un letrero imponente, escrito con enormes letras, donde se lee: …chile, mete miedo….!!!!

…Lo leí hace pocas noches, desde la micro, donde venían un par de inmigrantes de hermosa raza negra, se veía que iban atentos, expectantes, sus ojos daban cuenta de su estado de alerta, más cuando, en el mismo transporte público, habían subido un par de hombres, sobre 25 años, quienes vociferaban, haciéndose notar por su alto volumen, como también, por haberse sentado, de lado, y poniendo los pies arriba del asiento, seguros de que, gracias a su conducta ruda, nadie se atrevería a decirles pío, porque infundían temor…

..Chile, mete miedo…..!!!!

…Así es, inclusive, sino quedara suficiente mente claro, se instalan carteles monumentales que lo anuncian, y nos recuerdan, el temor, el susto de que algo malo nos pase…

…Salvaje mundo, si a sólo una cuadra de ese mismo cartel del miedo, 1 noche, en el parque, detrás de arquitectura, 4 jóvenes rudos, disfrutaron, mientras golpeaban y aplicaban suplicio, a nuestro querido Daniel Zamudio, cuya condición homosexual, fue motivo suficiente, para que le aplicaran tormento, 4 contra 1, combos, patadas, le fracturaron de puro gusto, y luego, agarran 1 enorme piedra, y la lanzan contra su hermosa cabeza de joven: ..crack…!!! ..se sintió, y con eso, nuestro querido Daniel, comenzó su camino hacia la muerte…

…Chile, mete miedo….!!!!!


…Wladimir Sepúlveda, otro joven homosexual, también se le asesinó, en la noche, golpeando su cráneo, con salvajismo e intención de matar, y le asesinaron, …otra víctima de nuestro Chile democrático….


…Leemos la prensa, y nos informamos que, el gobierno de Chile ha designado nuevas agregadas culturales: …nuestra querida carmen gloria quintana, en Canadá, quemada por militares democráticos, junto a nuestro querido Rodrigo Rojas Denegri…


…en Francia, se designa a nuestra querida María Paz Santibañez, baleada en su cabeza, que sólo sabía de notas, arpegios y melodías, le dispara un funcionario público, carabinero, frente al Teatro Municipal, como una macabra performance…


...en Washington, asume funciones la nueva agregada cultural, Javiera Parada, hija de un gran sociólogo, José Manuel Parada, secuestrado y asesinado por funcionarios públicos asignados a la CNI….


...Chile, mete miedo….!!!!!


….Suicidios reiterados en el icono del consumo santiaguino, el Costanera Center, y el video nos muestra a personas alentando al suicida, vestido para la muerte, con una polera que decía: …paz, y amor…!!! …y los gritos que le daban era para que…se lanzara de una buena vez….!!!

…cuesta creer…..

…Chile, mete miedo….!!!! …como no saberlo, si nos quisieron matar a nuestro hermoso hijo Luciano, crimen pagado con recursos públicos, $ 117 millones, y sus irresponsables políticos, hoy son flamantes autoridades “democráticas”……

…Chile, mete miedo….!!!!!

...en Santiago, junio 13, 2014

Fuente: http://miguelangelrendonescobar.blogspot.com/2014/06/chile-mete-miedo_17.html#comment-form

El peso de la Iglesia Católica en la reforma: Recibe un 18% de las subvenciones a privados en la RM | CIPER Chile CIPER Chile » Centro de Investigación e Información Periodística

El peso de la Iglesia Católica en la reforma: Recibe un 18% de las subvenciones a privados en la RM

Por : Pedro Ramírez, Pilar Rodríguez y Noemí Arcos 

La Iglesia Católica es el principal grupo de interés entre los sostenedores privados: sólo en la Región Metropolitana sus colegios educan a 159 mil alumnos, por lo que el año pasado el Estado le entregó $109.673 millones en subvenciones. Eso explica que el cardenal Ricardo Ezzati asumiera un rol protagónico en la oposición a la reforma que plantea el fin del lucro, del copago y de la selección, convirtiendo a la iglesia en el primer escudo de los sostenedores privados. Esta alianza resulta incómoda para algunas congregaciones, que prefieren diferenciarse de quienes lucran con las subvenciones.

El tono cordial habitual del arzobispo de Santiago, Ricardo Ezzati, desapareció inmediatamente después del discurso presidencial del 21 de mayo. El cardenal no terminaba de bajar las escalinatas del Congreso cuando fustigó ante la prensa la decisión gubernamental de avanzar en la despenalización del aborto. La brecha de la desafección entre Ezzati y La Moneda se amplió varios metros tras ese anuncio, pero la verdad es que los primeros detalles conocidos de la reforma educacional ya habían convertido ese distanciamiento en una zanja ancha y profunda.

Ezzati considera que el fin del lucro, del copago y de la selección de alumnos -los tres pilares del proyecto enviado al Congreso por el Ministerio de Educación-, puede ser una estocada a la libertad de enseñanza. Por lo mismo, ha convertido a la Iglesia Católica en el primer escudo protector de los sostenedores privados de colegios. El cardenal ha aparecido en el papel de líder de una alianza entre los sostenedores católicos y los empresarios de la educación subvencionada, agrupados todos en la Federación de Instituciones de Educación Particular (FIDE). Un rol que, en todo caso, no resulta cómodo para varias congregaciones dedicadas a la enseñanza y que administran sus colegios a través de fundaciones que se declaran sin fines de lucro, las que señalaron a CIPER que preferirían diferenciarse de los sostenedores que sí lucran con fondos públicos.

El peso de la Iglesia Católica es relevante en el debate de la reforma educacional: es el mayor grupo de interés entre los sostenedores privados. CIPER solicitó al Ministerio de Educación (Mineduc) la base de datos del año 2013 con los antecedentes de todos los colegios particulares subvencionados de la Región Metropolitana y pudo constatar que de los 2.076 colegios que reciben fondos estatales, 190 establecimientos (9,1 % del total) tiene un vínculo directo con un obispado, una congregación o una obra apostólica de laicos que se declara colaboradora de una diócesis u orden religiosa. Quedan fuera de esta nómina los colegios que, aunque se declaran confesionales, pertenecen a un sostenedor privado que no tiene vínculo administrativo con entidades de iglesia.

En términos de matrícula, los colegios ligados a la Iglesia Católica educan a 159 mil alumnos de un total de 831 mil estudiantes del sistema particular subvencionado de la Región Metropolitana.

En 2013 estos 190 colegios católicos recibieron, en total, una suma de $94.806 millones correspondientes a subvención normal y otros $14.867 millones por subvención SEP (destinada a mejorar la educación de los alumnos vulnerables). Así, la cifra global del dinero público que percibieron se elevó a $109.673 millones, casi un quinto (18%) de los $604 mil millones que el Estado entregó a sostenedores privados en la región. El monto que recibe anualmente la iglesia equivale a US$ 200 millones y es más, por ejemplo, que lo que espera recaudar el gobierno con el nuevo impuesto a la contaminación de las 500 principales fuentes industriales (US$ 176 millones).

Si se agrega el copago de los apoderados -modalidad que sólo tienen algunos colegios-, el monto final asciende a $139.398 millones, ya que en 2013 el aporte de las familias a colegios católicos de la Región Metropolitana sumó $29.724 millones. Los diez establecimientos con cobro promedio mensual de copago más alto fueron: Colegio Santa Úrsula de Maipú ($75.216),Colegio Inmaculada Concepción ($74.880), Colegio Particular Corazón de María de San Miguel ($74.600), Colegio Particular Salesiano Patrocinio de San José ($72.231), Instituto La Salle ($71.338), Colegio Madre de la Divina Providencia ($71.322), Colegio Particular Josefino Santísima Trinidad ($68.229), Colegio Divina Pastora Ñuñoa ($ 67.681), Colegio María Inmaculada ($67.256), Liceo Particular Salesiano Manuel Arriarán Barros ($64.585).

Para establecer el monto total que el Estado aporta a educación religiosa en la Región Metropolitana, es necesario incluir en los cálculos la subvención que se entrega a colegios vinculados a diferentes iglesias protestantes. Estos son 27 establecimientos, los que en 2013 recibieron $5.104 millones por concepto de subvención normal y otros $1.349 millones por subvención SEP. En suma, los aportes públicos a estos colegios protestantes alcanzaron a $6.454 millones. Con el copago de los apoderados -que sumó $897 millones-, el monto final de los ingresos percibidos por colegios religiosos protestantes se eleva a $7.351 millones.

(Vea la tabla con los datos de todos los colegios confesionales, la tabla de los colegios católicos y la tabla de los colegios protestantes).

“MEGASOSTENEDORES” CATÓLICOS

La entidad católica de la Región Metropolitana que recibe más aportes del Estado para fines educacionales es el Arzobispado de Santiago. La Corporación Educacional del Arzobispado administra nueve colegios y la arquidiócesis gestiona otros 16 establecimientos a través de fundaciones. Según los datos del Mineduc, en 2013 este conjunto de 25 colegios recibió $17.464 millones en subvenciones, para una matrícula total de 24.221 alumnos.

Le sigue la Fundación Educacional Belén (Belén Educa), cuyo directorio es presidido por el cardenal Ezzati. Los archivos del Mineduc indican que en la Región Metropolitana administra ocho colegios, con una matrícula global de 13.641 estudiantes, y que el año pasado recibió $10.312 millones de aporte estatal.

En tercer lugar se ubican los religiosos piamartinos (Congregación Sagrada Familia de Nazaret), la que gestiona dos colegios, con un total de 7.521 alumnos, y en 2013 recibió aportes públicos por $5.390 millones. A continuación figura la congregación salesiana con siete colegios subvencionados distribuidos en el Gran Santiago, los que atienden a 7.380 estudiantes y recibieron subvenciones por una cifra global de $4.506 millones.

Los jesuitas cierran el cuadro. Aunque en la Región Metropolitana la orden sólo gestiona de manera directa un establecimiento (el Colegio Infocap, con una matrícula de apenas 73 alumnos), también controla dos fundaciones educacionales que gestionan otros tres colegios. No obstante, los jesuitas participan también en la orientación pastoral de los colegios agrupados en la organización Fe y Alegría, la que forma parte de la Red Educacional Ignaciana. Esto le permite a la orden tener influencia sobre otros nueve colegios, administrados por cinco fundaciones. La Compañía de Jesús tiene un proyecto educativo al que adscriben los colegios que integran la organización Fe y Alegría. Así, en 2013 los colegios que se suman a este proyecto recibieron subvenciones por un total de $4.526 millones para atender a un universo de 5.437 alumnos.

ALERTA EPISCOPAL

El cardenal Ezzati, que también preside el Comité Permanente del Episcopado, ha asumido un rol protagónico en los reparos a los proyectos de reforma educacional planteados por el gobierno. El mismo miércoles 21 de mayo, tras el discurso presidencial, el portal web del episcopado difundió declaraciones del prelado en defensa del copago y la selección de alumnos. Sobre el primer punto, dijo: “El copago nació buscando una democratización de la educación, buscando que los papás que educaban a sus hijos en colegio pagado y que no lo podían hacer, lo pudieran hacer de manera más participativa y con mayor facilidad y eso ha sido un beneficio social muy grande, especialmente, para la clase media”.

Respecto de los procesos de selección, Ezzati afirmó: “El hecho educativo es un hecho de confianza entre el alumno y el educador, entre el padre de familia y el proyecto educativo que ofrece el educador, y naturalmente la confianza supone conocimiento. El hecho de que se diga que no tiene que haber ninguna selección, creo que es equivocado. Tiene que haber una selección positiva en este sentido”.

De acuerdo a La Tercera, el cardenal ejemplificó así su rechazo a la eliminación de la selección: “Yo no puedo educar a Pedrito si yo no conozco a Pedrito (…), si yo no conozco el contexto familiar en el cual vive, el contexto social en el cual vive, las necesidades que él tiene, los talentos que él tiene”.

El 22 de abril pasado, la Conferencia Episcopal difundió una declaración en la que también manifestó serias discrepancias con aspectos centrales de las reformas impulsadas por La Moneda. En ella abogó por la mantención de un sistema de selección, el que denomina “proceso de admisión”, que tendría por objeto “informar a los padres convenientemente acerca de las características del Proyecto Educativo según el cual van a ser educados sus hijos, y al que ellos, en caso de compartirlo, no solo deben adherir sino comprometerse activamente en su realización (…). Lo anterior no dice relación ni justifica sistemas de selección por razones económicas, de rendimiento o de situación familiar que resultan discriminatorios y contrarios al modo cristiano de educar”.

Obispo Héctor Vargas

El documento advirtió sobre el riesgo de una eventual “unificación” de la enseñanza: “Se trata de evitar en el futuro que el Estado, mediante nuevas exigencias y condiciones para otorgar la subvención  y ya no como derecho de los padres y servicio a la libertad de elegir de las familias-, pueda ir unificando el sistema educacional chileno haciendo que los distintos ámbitos de las escuelas subvencionadas tanto municipales y particulares, al margen de su Proyecto Educativo, realidad geográfica, situación de sus destinatarios, urgencias y desafíos propios, se vean obligadas de funcionar de manera similar, en lo curricular, disciplinario, ambiental, organizativo y financiero”.

La declaración del Episcopado agregó: “La sola posibilidad de acercarnos a un modelo de gestión escolar único, impuesto por el Estado a todo el sistema subvencionado, donde acuden mayoritariamente los pobres y la clase media, resulta impensable”.

El mismo 22 de abril en que se difundió esta declaración, El Mercurio amplificó la ofensiva al publicar una nota informativa con las opiniones del presidente del Área Educación de la Conferencia Episcopal y obispo de Temuco, Héctor Vargas. En ese texto, Vargas acusó que “el Estado ha comenzado gradualmente a usar la subvención como un medio, o sea ‘te entrego la subvención, pero te pongo condiciones’, y al ponerte condiciones, te estoy diciendo en qué puedes gastar la plata y en qué no puedes. Esa no es la finalidad de la subvención”. También disparó directo al proyecto que elimina el copago, al afirmar que ese sistema permite a los padres más pobres poner a sus hijos en colegios particulares y que hoy los colegios ocupan casi toda la subvención en pagar sueldos, por lo que “las escuelas están viviendo del financiamiento compartido para todo lo demás”.

DISCREPANCIAS

A pesar de las alarmas encendidas por Ezzati y Vargas, representantes de las principales entidades que administran colegios católicos no comparten ese tono. Por el contrario, apuntan a que las reformas propuestas pueden ser beneficiosas. La eliminación del copago, por ejemplo, es bien vista por el secretario ejecutivo de la Vicaría para la Educación del Arzobispado de Santiago, Cristián Infante, siempre que, tal como lo ha informado el Mineduc, se acompañe de un incremento en la subvención:

Cristián Infante

–Creemos que sería muy beneficioso que se terminara el copago y se compensara ese monto por la vía de aumentar la subvención general. Es un escenario de mayor estabilidad en los flujos, pone normas claras frente a los padres y ayuda a emparejar a los colegios, de cara a la comunidad escolar. Además, nos ahorra el costo emocional y administrativo que implica tener que cobrar a los padres el copago –dice Infante.

Una posición similar exhibe el sacerdote Galvarino Jofré, responsable del área educacional de los salesianos. Según explica, hoy el copago es un “ingreso variable” y muchas veces no se alcanza la recaudación proyectada, debido a los problemas económicos de las familias: “Nosotros ocupamos la subvención prácticamente de manera íntegra para pagar sueldos. Los sueldos representan más del 90% de nuestros costos, por lo que el porcentaje restante se cubre con el aporte de las familias. Si se elimina el copago y se compensa con un aumento de la subvención, nos ahorra un problema, porque deja de ser un ingreso variable”.

Para Jofré, lo ideal sería que entre los representantes de la Iglesia Católica que dialoguen con el Mineduc se incorporen profesionales de las congregaciones que manejan los números: “Si se está pensando en eliminar el copago y aumentar la subvención, esperamos que se escuche a los que saben cuánto se requiere para operar un colegio, para que el aumento de la subvención efectivamente compense”. A su juicio, este es un tema técnico que, bien manejado, no tendría por qué poner en riesgo la libertad de enseñanza.

En cuanto a la selección de alumnos, desde septiembre de 2009 que la Ley General de Educación prohibió todo tipo de selección hasta sexto básico. Eso en el papel, porque en la práctica muchos colegios siguen aplicando filtros de ingreso. En 2011, un sondeo de Educación 2020 y La Tercera demostró que la mitad de estos colegios que recibían aportes estatales y estaban bien rankeados en el Simce seleccionaban de alguna forma a sus alumnos. Por ejemplo, 55% aplicaba un test de ingreso, 48,7% pedía certificados de notas, 37% no aceptaba alumnos repitentes, 29% exigía notas mínimas y 8% pedía cheque en garantía o liquidaciones de sueldo de los padres.

CIPER llamó a varios colegios ligados a la Iglesia Católica y confirmó que es habitual que se establezcan mecanismos de ingresos que pueden operar como una forma de selección, desde pruebas de admisión, pasando por informe de kínder y certificados de bautizo y matrimonio. Una excepción entre los colegios consultados fue la red de colegios que administra la arquidiócesis que encabeza el propio Ezzati. La directora ejecutiva de la Corporación Educacional del Arzobispado de Santiago, Magdalena Aninat, explica: “Nuestros colegios no tienen selección de ningún tipo. No es necesaria porque tenemos más oferta que demanda, en general. Mucho menos tenemos requisitos religiosos, eso es imposible en sectores tan vulnerables como los que atendemos. Nuestras comunidades tienen alumnos evangélicos, mormones y de otros credos”.

De acuerdo al mensaje del proyecto de ley enviado esta semana por el Ejecutivo, el 80% de las escuelas y liceos que reciben aportes estatales pide algún tipo de requisito de ingreso a los padres, lo que con la reforma quedará prohibido para todos los niveles de enseñanza. Eso incluye la presentación de antecedentes económicos de la familia. Ahora las postulaciones se harán a través de una plataforma única y los colegios deberán aceptar a todos los postulantes. En caso de que haya más candidatos que cupos, la selección será aleatoria y aplicando ciertos criterios, como un 15% de alumnos vulnerables y dando prioridad a quienes tengan hermanos o sean hijos de funcionarios del establecimiento.

El proyecto de ley también prohíbe el lucro, lo que no debiese ser un punto alarmante para muchos administradores de colegios católicos, pues un número significativo de ellos ya han adoptado la figura de fundaciones o corporaciones que se declaran sin fines de lucro. Esto les permite, como ya ocurre con los colegios del arzobispado y de los salesianos, disponer de un fondo común, de tal forma que pueden tomar recursos de sus colegios con más ingresos para “apuntalar” a aquellos que son deficitarios.

Juan Enrique Guarachi

El director Ejecutivo de Belén Educa, Juan Enrique Guarachi, señala que “en nuestra definición no tenemos fines de lucro, cuando salimos a buscar recursos privados es porque creemos que es fundamental esta alianza con lo público, donde lo importante son nuestros niños y la capacidad de generar real movilidad social”. En 2013 esta fundación recibió $1.841 millones en donaciones y otros ingresos distintos a las subvenciones y copago. El financiamiento de todo su equipo de apoyo técnico a la red de colegios (unas 70 personas) proviene de donaciones, principalmente de Copec y Santander.

Según indicó el gerente de Recursos Humanos de Belén Educa, Andrés Pérez, sus gastos se dividen en 82,8% remuneraciones, 9,6% costos formativos y 7,5% costos de administración. En la experiencia de Belén Educa, con los fondos públicos no alcanza para reinvertir en obras de mejoramiento y por eso dependen de las donaciones.

Lo mismo señala el sacerdote salesiano Galvarino Jofré: “Para invertir en infraestructura dependemos de las ‘procuras internacionales’, que son organizaciones católicas que distribuyen fondos de donaciones. Pero apoyan solo colegios en zonas de alta vulnerabilidad, como nuestros colegios de San Ramón o Alto Hospicio. Cuando se trata de colegios como los que tenemos en el centro de Santiago, por ejemplo, que también son subvencionados, recurrimos a endeudamiento bancario”.

PASTORAL CON DINERO PÚBLICO

El administrador de una de las principales congregaciones dedicadas a la educación, que pidió la reserva de su nombre, exhibe las cifras y balances de su gestión y dice que no ve cómo, con esos números, se puede entregar educación de calidad y lucrar al mismo tiempo. “No hay margen para el lucro, si no es con sacrificio de la calidad”, dice. Por eso, sostiene que no parece ser una buena estrategia que la jerarquía de la Iglesia Católica aparezca en una suerte de “santa alianza” con los sostenedores privados, en oposición a la reforma. Esa crítica, dice, es extendida entre las congregaciones más grandes: “No estamos juzgando a los empresarios de la educación. Ellos juegan su rol dentro de las reglas que tiene el sistema. Pero los colegios católicos no se guían, o al menos no deben hacerlo, por criterios empresariales. Nuestra vocación es de servicio público y evangelización”.

El vicerrector de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación (UMCE), Claudio Almonacid, dice que en la postura de la Iglesia Católica sobre la reforma “se ha confundido la libertad de enseñanza con la libertad de hacer negocios”. En este tema, Almonacid tiene autoridad. A comienzos de la década pasada fue el primer investigador académico que arrojó luz sobre el tamaño y extensión de la educación religiosa que opera con subvenciones estatales.

Almonacid señala que, desde los años en que hizo sus primeras investigaciones sobre esta materia, el cuadro ha variado bastante: “Muchos sostenedores religiosos se han reconvertido en fundaciones y corporaciones que declaran no tener fines de lucro”. No obstante, estima que persiste una situación problemática, pues siguen usando recursos públicos para financiar actividades de proselitismo religioso: “Así como un sostenedor privado con fines de lucro saca utilidades y las ocupa para costear sus necesidades personales, los sostenedores religiosos, aún cuando se declaran sin fines de lucro, usan también parte de los recursos públicos para costear otras necesidades de sus congregaciones”.

Entre estas “otras necesidades”, Almonacid menciona actividades tales como grupos pastorales y de catequesis, que giran en torno a los colegios: “La pregunta que surge es si este tipo de actividades son parte de la labor educativa que puede financiarse con aporte del Estado”.

CASA DE CRISTAL

Si la reforma que pone fin al lucro prospera y se convierte en ley, el Mineduc tendrá que disponer de un mecanismo para revisar y fiscalizar cada uno de los gastos que declaren los colegios subvencionados. La administración de los establecimientos será una verdadera “casa de cristal” expuesta al escrutinio público, a objeto de que no ocurra lo que ha pasado con las universidades privadas, que burlan la prohibición de lucro contratando servicios de empresas que pertenecen a los mismos controladores de los planteles. Por lo mismo, en el Mineduc saben que, respecto de los colegios confesionales, quedará en evidencia que financian actividades religiosas con dinero público, lo que abrirá un nuevo flanco de debate.

Le reforma otorga a la Superintendencia de Educación facultades de fiscalización y auditoría. En ese sentido, establece que anualmente todos los establecimientos que reciban aportes del Estado deberán enviar a ese organismo copia de sus memorias y balances financieros auditados, además de un informe desagregado con el detalle de los gastos y el uso de los recursos fiscales.

Para cumplir su función, la Superintendencia podrá exigir todo tipo de documentación a los sostenedores -boletas, facturas y contratos, entre otros comprobantes- para verificar que las compras y contrataciones no contravengan la prohibición de realizar negocios con personas y sociedades relacionadas. También podrá solicitar al Servicio de Impuestos Internos (SII) que realice avalúos de los bienes adquiridos con fondos públicos, para así evitar que existan convenios y transacciones a precios por sobre los valores de mercado.

Lo que no está claro aún es el reglamento que regulará ese sistema de fiscalización, el cual debiera estar listo a más tardar un año tras la eventual aprobación del proyecto. No se sabe si se le dotará de más recursos y personal a la estructura de la superintendencia para poder fiscalizar efectivamente, porque el proyecto no dice nada respecto a eso. Este punto no es menor, pues si no se dispone de financiamiento suficiente para contar con recursos humanos y materiales en sintonía con la envergadura de la tarea, la reforma estará condenada a convertirse en un león sin dientes.

El proyecto establece una serie de gastos que estarán permitidos y que deben estar directamente relacionados con el desarrollo del “proyecto educativo” de cada colegio. En ese sentido, si un colegio confesional declara gastos por actividades pastorales, estarían permitidos si se relacionan con los objetivos del proyecto educacional declarado por el sostenedor y elegido libremente por los apoderados. Eso puede ser desde un retiro espiritual a alguna actividad religiosa con la comunidad escolar, por ejemplo. Pero no un viaje de los miembros de la congregación sostenedora, la mantención de los religiosos que la componen o la compra de bienes a su nombre, lo que sería considerado como lucro.

CONGREGACIONES REORGANIZADAS

Si las nuevas normas considerarán como lucro el uso de recursos de los colegios para sostener a las congregaciones, esto plantea un problema para varias órdenes religiosas. Aún existen congregaciones pequeñas que administran colegios subvencionados y cuyas comunidades religiosas se mantienen gracias a los “retiros” de dinero que hacen en esos establecimientos. En general, se trata de congregaciones con pocos integrantes y, la mayoría de ellos, de edad avanzada, debido a la crisis de nuevas vocaciones que vive la Iglesia.

Para dar continuidad a estos colegios, una posibilidad es que congregaciones mayores se hagan cargo de los establecimientos y se ocupen de la mantención de las religiosas que actuaban como sostenedoras. Una antigua experiencia de ese tipo se desarrolló en Puerto Montt, según cuenta el sacerdote Galvarino Jofré. Allí, los salesianos tomaron bajo su administración un colegio fundado por el sacerdote José Fernández y asistido por un pequeño grupo de monjas.

En todo caso, ya hay varias congregaciones que, enfrentadas a este problema, se han reorganizado, entregando la administración de los colegios a fundaciones o corporaciones que ellas controlan y asignando un sueldo a las monjas que prestan servicios dentro de los establecimientos. Esos sueldos luego son aportados a un fondo común para sostener a la comunidad. De esta forma, los dineros y el patrimonio de los colegios quedan separados de los recursos de las congregaciones.

Con la nueva ley, esto podría ser interpretado como lucro encubierto, pues la contratación generalizada de religiosos que pertenecen a una congregación que controla una fundación sostenedora puede ser interpretada como contratos entre partes relacionadas. Así, el uso de fondos públicos para asegurar la supervivencia y las actividades no educativas de la comunidad quedaría restringido.

Eso complicaría algunos de los mecanismos que han usado ciertas congregaciones para adaptarse a los cambios que se vienen. Por ejemplo, las Hijas de San José Protectoras de la Infancia, una comunidad sostenedora de cuatro colegios que inició un proceso de transformación en su modelo de gestión. Uno de sus establecimientos en Maipú (Colegio San José) se administra ahora bajo la Fundación Educacional Sofía Infante Hurtado, que es de la congregación y tiene personalidad jurídica del Ministerio de Justicia. La idea, explica la religiosa Luz Galdames, representante legal de los colegios, es traspasar todos los planteles a esta modalidad para “descomprimir” el RUT de la congregación y ordenar la gestión.

-Los recursos que obtenemos se reinvierten íntegramente en los colegios, no se destinan a ningún otro fin. En eso somos muy estrictos; tampoco se traspasan recursos entre los colegios. Cuando hacemos obras de mejoramiento de infraestructura mayor, pedimos préstamos bancarios -dice Galdames.

Ella asegura que, si bien las religiosas viven en la sede de unos de los colegios, en Santiago Centro, los recursos para sostener a la comunidad están completamente separados de la gestión de los establecimientos: “Nos mantenemos gracias a los sueldos de quienes trabajan en los colegios y las mayores, con su jubilación. Vivimos muy austeramente e, incluso, generamos pequeños excedentes que nos permiten tener un fondo para emergencias”.

En La Mira - Médicos Torturadores | Capítulo 28 de mayo

Los médicos de la dictadura que ejercen en la impunidad « Diario y Radio Uchile

Los médicos de la dictadura que ejercen en la impunidad

Juan San Cristóbal

A 40 años del Golpe Militar la sociedad vincula a los militares con las violaciones a los derechos humanos, pero en muchos casos, la participación de civiles ha quedado omitida. Una lista con médicos apunta a su rol en diversas violaciones a los Derechos Humanos y desde el colegio de la especialidad se destaca que aún hay condiciones que impiden penalizar estos actos.

Bernardo Lejderman y María Avalos fallecieron en 1973, ejecutados por militares en el norte, un crimen conocido hace pocos días por el emplazamiento de Ernesto Lejderman al saber que sus padres no se habían suicidado con explosivos, tal como señalaba el parte médico firmado por Guido Díaz Paci, médico que se mantiene en actividad hasta la actualidad trabajando en el Departamento de Tránsito de la municipalidad de La Serena.

Como éste, son distintos casos de violaciones a los derechos humanos que tienen a médicos civiles como protagonistas. La abogada Carmen Hertz realizó un listado, donde detalla una treintena de galenos vinculados a la dictadura que se mantienen en la impunidad, incluso ejerciendo su profesión.

La abogada describe el rol que ejercieron los profesionales, en procesos de interrogatorio y tortura para que la DINA cumpliera con los objetivos trazados desde la Junta Militar: “Existe una larga nómina de médicos que fueron funcionarios de la DINA, que colaboraron en la aplicación de tortura en centros clandestinos. Parte de ellos han sido sometidos a proceso, los médicos mantenían a los presos vivos en la aplicación de torturas, para que la DINA pudiera sacar la información que ellos pretendían”.

Carmen Hertz subraya que hoy los médicos se mantienen en actividad, sin ser individualizados en las investigaciones, eludiendo además una condena moral por estos hechos.

“Hay una suerte de renuencia a la persecución criminal de civiles, pese a pruebas evidentes, por ejemplo muchos de estos médicos ejercen y ocupan cargos directivos en la Clínica Dávila y en la Clínica Indisa. Hay complicidad en la justificación de políticas de exterminio y en propiciarla, que en definitiva ha vivido en la impunidad judicial, política, social y moral”, indicó la abogada.

La labor de los médicos va desde la asistencia en métodos de tortura, destinar medicamentos en interrogatorios, como el llamado “suero de la verdad” (pentotal sódico) falsificación de documentos, adulterar fichas clínicas o firmar certificados de defunción con motivos de deceso que ocultan la responsabilidad de organismos de inteligencia.

El Colegio Médico levantó sumarios contra profesionales vinculados a la dictadura, inhabilitando su ejercicio e incluso retirando el título profesional. El doctor Álvaro Reyes Bazán, presidente del Departamento de Derechos Humanos del Colegio Médico, destaca que antes del régimen un médico debía estar colegiado por obligación, pero esta condición se eliminó y con ello el organismo pierde su potestad para inhabilitar el ejercicio de la profesión.

Reyes Bazán apunta que “en ese momento el Colegio tenía autoridad para someter a proceso o rescindir el ejercicio de la profesión. Pero hoy no, el Colegio no recuperó su categoría y no tiene autoridad, antes era obligatorio para ejercer la medicina pero ahora es voluntario, son secuelas de la dictadura que no han sido superadas todavía”.

Álvaro Reyes tuvo un rol especial en el resguardo de perseguidos por militares, evitando incluso la desaparición de Miria Contreras, “Payita”, secretaria personal de Salvador Allende. A su juicio, hoy el Colegio no tiene herramientas para penalizar irregularidades de profesionales no inscritos, lo que destaca como una más de las herencias políticas que dejó ese período.

El médico apuntó que “es una lucha que hemos mantenido por recuperarlo, pero no se ha logrado, se necesitan altos quórum para cambiar algunos aspectos de la Constitución, una serie de instrumentos para impedir que la voluntad popular se manifieste. Vivimos por un sistema organizado en dictadura, eso es lo fundamental, e involucra un cambio importantísimo que es recuperar la democracia plena”.

Tanto la abogada como el médico subrayan que profesionales de la medicina vinculados a los crímenes de la dictadura pueden estar legítimamente en ejercicio, tanto en instituciones de Fuerzas Armadas como en el sector privado. Por contraste, la desaparición de médicos perseguidos por su condición política se mantiene en un proceso judicial aún en curso.

La lista de médicos es la siguiente:

1. Darwin Arriagada – Médico, dirigente del Colegio Médico de Chile en 1973. Fue nombrado por la Junta Militar como Director General de Salud. Participó en el plan de administrar drogas en los alimentos para asesinar a presos políticos. Entregó a numerosos médicos de izquierda, más de 30 de los cuales fueron asesinados. Atiende en Santa María 217, oficina 34, comuna de Independencia.

2. Camilo Azar Saba – Médico de la CNI. Fue suspendido por seis meses del Colegio Médico por su participación en torturas aplicadas a prisioneros en cuarteles de la CNI. Implicado en caso de Federico Álvarez Santibáñez.

3. Guillermo Araneda – Médico de Punta Arenas, Cardiólogo. Aplicó sus conocimientos para la tortura de presos en esta ciudad.

4. Alejandro Babaich Schmith – Director Hospital “Cirujano Guzmán” de Punta Arenas. Asesor en torturas contra prisioneros políticos.

5. Gregorio Burgos – Médico del Regimiento de Los Ángeles. Asesoró a agentes de la DINA en buscar formas de tortura sin que el detenido perdiera el sentido.

6. Víctor Carcuro Correa – Médico de la CNI. Este doctor fue suspendido de sus derechos en el Colegio Medico por su participación en las torturas que culminaron con la muerte del transportista Mario Fernández López, en La Serena, en octubre de 1984.

7. Raúl Díaz Doll – Médico, funcionario de la Dirección General del Servicio Nacional de Salud. Integró la comisión militar que investigaba la filiación política de los médicos. Organizó el soplonaje en el servicio y participó personalmente en los interrogatorios a los médicos detenidos y torturados.

8. Guido Mario Félix Díaz Paci – Medico del Ejército y de la CNI. Oficial de sanidad militar del Ejército que participa de los hechos que culminaron con la muerte del transportista Mario Fernández López, en La Serena. Las causas de la muerte de Fernández López fueron las torturas sufridas en el cuartel de la CNI de dicha ciudad en octubre de 1984. Cuando Mario Fernández debió ser trasladado al Hospital de La Serena, Díaz Paci mintió a los doctores de turno del Hospital, aduciendo que el detenido venía de una Tenencia de Carabineros y no de la CNI, solicitando a los médicos que ocultaran el estado del detenido. Una vez fallecido Fernández, el médico y agente CNI intentó que el facultativo que había operado de urgencia a la víctima falsificara el diagnóstico de su muerte, ocultando los verdaderos motivos del deceso. Por todas estas razones Guido Díaz Paci fue expulsado del Colegio Médico. En 1974 participó en la exhumación del cuerpo de María Avalos, asesinada junto a su marido, Bernardo Lejdermann, en diciembre de 1973 por una patrulla del Regimiento Arica de La Serena. En el certificado de defunción aseguró que la mujer se había dinamitado.

9. José María Fuentealba Suazo – Médico del Ejército. El 27 de octubre de 1973 José Fuentealba participa en la comitiva que viaja a Río Mayo, en Argentina, para trasladar a 3 detenidos, Juan Vera, Néstor Castillo y José Rosendo Pérez, que habían sido capturados por Gendarmería argentina cuando escaparon en busca de refugio político. La comitiva iba al mando del Capitán Joaquín Molina Fuenzalida (asesinado por el hijo de Manuel Contreras) y también la integraban un carabinero de apellido Salinas y el suboficial Evaldo Reidlich Hains. Los tres prisioneros fueron subidos a un vehículo del Hospital Regional de Coyhaique y trasladados en dirección a Chile, pero nunca llegaron a destino. En abril del 2002, el juez del Primer Juzgado del Crimen de Coyhaique, Luis Sepúlveda, sometió a proceso a Fuentealba Suazo y al suboficial (R) de Carabineros Evaldo Reidlich Hains.

10. Alejandro Jorge Forero Alvarez – Cardiólogo. Registro Colegio Médico 9580-K. Comandante de Escuadrilla y médico que se desempeñaba al momento del golpe de Estado en el Hospital de la FACH. En 1976 prestó servicios como soldado segundo en la Base Aérea de El Bosque y en el Regimiento de Artillería Antiaérea de Colina. En este lugar participa del Comando Conjunto, supervisando las torturas y drogando a los prisioneros que eran sacados para hacerlos desaparecer. Fue sometido a proceso por el juez Carlos Cerda en plena dictadura. Por estos días ha vuelto a ser requerido en nuevos procesos del Comando Conjunto.

11. Werner Gálvez – Médico pediatra, Coronel de Sanidad en Iquique. A comienzos del régimen militar aplicó inyecciones intravenosas de pentotal sódico, alternadamente con suero biológico, durante interrogatorios en esta ciudad.

12. Fernando Jara de la Maza – Médico traumatólogo de Valdivia. En los días posteriores al golpe militar participó directamente en la aplicación de tortura a detenidos.

13. Manfred Jurgensen Caesar – Médico de la CNI. Este médico, a la vez agente de la CNI, fue expulsado del Colegio Médico por su participación en torturas aplicadas a prisioneros en cuarteles clandestinos de este organismo represivo. Implicado en muerte de Federico Alvarez Santibáñez.

14. Luis Losada Fuenzalida – Médico de la CNI. También fue expulsado del Colegio Medico por su participación en las torturas que culminaron con la muerte del profesor Federico Álvarez Santibáñez. Una hora antes de la muerte de Álvarez Santibáñez, torturado en agosto de 1979 durante siete días en cuarteles secretos de la CNI en Santiago, firmó un informe en el que indicó que el docente estaba en buenas condiciones físicas.

15. Minoletti – Médico de Carabineros, provincia de Concepción. Asesora a los torturadores de Fuerte Borgoño y extiende los certificados por muerte natural para encubrir los crímenes.

16. Vittorio Orvieto Teplizky – Médico del Ejército. Cumple funciones de colaboración en las torturas cometidas en el Campo de Prisioneros Número Dos de Tejas Verdes. También participa en la Brigada de Salubridad de la DINA como director de la Clínica Santa Lucía.

17. América González Figueroa – Contratada en dictadura para ejercer funciones en el Servicio Médico Legal, donde falseó la información sobre las causas de muerte de algunos ejecutados políticos. Entre los casos en que está implicada aparecen la muerte a causa de torturas de Carlos Godoy Echegoyen, que hizo aparecer como “muerte súbita”, el asesinato de Cecilia Magni Camino, afirmando que se habría ahogado y ocultando los vestigios de tortura en su cuerpo, y el crimen del dirigente estudiantil DC Mario Martínez, que apareció en las costas de las Rocas de Santo Domingo luego de que fuera secuestrado en Santiago. Otro “servicio a la patria” fue su participación en los exámenes que culminaron con el fraude de la demencia de Pinochet. En el último período, aún en el SML, fue designada jefe del Departamento de Tanatología y directora subrogante del servicio. El 21 de diciembre de 2000, poco después de que se comprobara su responsabilidad en la entrega equivocada de los cuerpos de tres jóvenes quemados al interior de la Cárcel de San Miguel, recibió una anotación de mérito en su hoja de vida firmada por el ministro de Justicia José Antonio Gómez, militante radical.

18. Jorge León Alessandri – Dentista, agente civil de la DINE, implicado en el asesinato del dirigente sindical Tucapel Jiménez Alfaro.

19. Osvaldo Leyton Bahamondes – Médico de la DINA. Implicado en la muerte por torturas de Manuel Leyton Robles, agente de la DINA que fue asesinado por sus “colegas” al verse involucrado públicamente en el robo de una renoleta, trabajo encargado por su superior Germán Barriga Muñoz. El doctor Leyton Bahamondes firmó un certificado en el que el agente aparece como fallecido a causa de una crisis epiléptica y arritmia cardiaca en Almirante Barroso 76, ubicación de la clínica clandestina London.

20. Bernardo Purto – Medico radiólogo de Melipilla. Junto al Fiscal militar de Melipilla tomó parte personalmente en las sesiones de tortura a prisioneros.

21. Luis Hernán Santibáñez Santelices – Médico DINA. Integrante de la Brigada de Salubridad que funcionaba en la Clínica London (Almirante Barroso). Implicado en la desaparición de Juan Elías Cortés.

22. Hernán Horacio Taricco Lavín – Médico DINA. Jefe de la Brigada de Salubridad que funcionaba en la Clínica London. Implicado en la muerte del agente DINA Manuel Jesús Leyton Robles.

23. Hernán Twane – Psicólogo que aplicó Pentotal Sódico a los prisioneros para que éstos fueran interrogados por el Servicio de Investigaciones.

24. Werner Zanghellini Martínez – Director de la Clínica Santa Lucía entre 1975 y 1976. Es acusado por sobrevivientes de Villa Grimaldi de haber inyectado el virus de la rabia a Jorge Fuentes Alarcón, detenido desaparecido.

25. Sergio Marcelo Virgilio Bocaz – Médico de la Brigada de Salubridad de la DINA, con labores en la clínica clandestina Santa Lucía, que continuó trabajando en el Comando de Logística de la CNI. Marcia Merino dice haberlo visto en publicidad de café y financieras. Brigada de Salubridad de la DINA Compuesta entre otros por los doctores Vittorio Orvietto, Werner Zanghellini, Hernán Taricco, Nader Nasser, Osvaldo Eugenio Leyton Bahamondez, Rodrigo Vélez, Samuel Valdivia Soto, Luis Hernán Santibáñez Santelices, Eduardo Contreras Balcarce, el ginecólogo Juan Pablo Figueroa Yáñez, el otorrino Eugenio Fantuzzi Alliende, el psiquiatra Roberto Lailhacar Chávez, el dentista Sergio Roberto Muñoz Bonta y la enfermera María Eliana Bolumburú Taboada. Otro médico, del cual sólo se sabe el apellido, es el psicólogo Bassaure.

26. Eugenio Fantuzzi Alliende, Otorrinolaringólogo – Médico Jefe del Servicio de Otorrinolaringología de la Clínica Dávila.

28. Roberto Lailhacar Chávez, Psiquiatra – Ex presidente de la Sociedad Chilena de Sexología y Educación Sexual.

Nuevo informe de cita de Agustín Edwards con el jefe de la CIA devela su rol clave en el Golpe | CIPER Chile CIPER Chile » Centro de Investigación e Información Periodística

Nuevo informe de cita de Agustín Edwards con el jefe de la CIA devela su rol clave en el Golpe

Por : Peter Kornbluh en Actualidad y EntrevistasPublicado: 27.05.2014

La semana pasada EE.UU. publicó una recopilación de documentos sobre la relación con Chile entre 1969 y 1973. Un memorándum que ya había sido desclasificado en 1999, parcialmente y con muchas partes censuradas, aparece ahora en una versión más completa de la histórica reunión entre Agustín Edwards y el ex director de la CIA Richard Helms. El documento arroja nuevas luces sobre el intenso lobby que hizo el dueño de El Mercurio para promover un Golpe de Estado contra Allende con apoyo de la CIA y desmiente lo que le declaró al juez Carroza en septiembre pasado sobre dicha reunión.

“Reitero que tuve una reunión en Washington con Helms [Richard, el director de la CIA,]”, testificó bajo juramento el dueño del diario El Mercurio, Agustín Edwards, ante el juez Mario Carroza a fines de septiembre del año pasado. Y agregó: “Además, esta reunión se efectuó días después de la elección de Salvador Allende, oportunidad donde se comentó la circunstancia de haber sido electo un presidente comunista en un país democrático, pero en ningún caso se pensaba en un Golpe de Estado o algo parecido” (ver la información deEl Mostrador sobre su declaración ).

De hecho, Edwards y Helms sí discutieron exhaustivamente y en detalle la necesidad de un Golpe de Estado en Chile en ese encuentro realizado el 14 de septiembre de 1970, diez días después de la elección presidencial en la que Allende obtuvo la primera mayoría. De acuerdo a un documento desclasificado que en diez páginas resume la reunión, el dueño de El Mercurio entregó extensa información de inteligencia sobre los potenciales conspiradores para un Golpe de Estado en las distintas ramas de las Fuerzas Armadas chilenas y sobre sus preocupaciones respecto al apoyo de Estados Unidos.

Agustín Edwards, quien había decidido abandonar Chile y partir al exilio,también le entregó a la CIA nombres de otros políticos quienes “aún tienen buenos contactos con los militares” que la CIA podría aprovechar: los dirigentes del Partido Nacional Sergio Onofre Jarpa y Francisco Bulnes, entre ellos.

La última página del memo: Antigua y nueva versión del mismo documento desclasificado.

Edwards también le hizo un reporte a Helms de las actividades del Presidente Eduardo Frei Montalva contra Allende después de la elección, compartiendo sus opiniones sobre la falta de coraje de Frei para evitar que Allende asumiera la presidencia.“Describió a Frei como alguien que habitualmente colapsa bajo presión”, de acuerdo al memorándum de la conversación.“Edwards dijo que Frei es indeciso, siempre vacilando, siempre esperando que ‘otro dé el primer paso’ ”. Agustín Edwards predijo que Frei “probablemente se acobardará a último minuto”, en vez de avanzar hacia un golpe.

Finalmente, Edwards intentó incitar a la CIA para que hiciera algo para evitar que Allende se convirtiera en Presidente de Chile. Le dijo a Helms que Fidel Castro había aparecido en la televisión en Chile recomendando a los chilenos no preocuparse de una intervención de Estados Unidos pues Washington estaba “neutralizado” por la guerra de Vietnam y la extendida oposición doméstica a ésta. “Una pregunta clave en la mente del chileno medio es: ¿Le importa a Estados Unidos [lo que pase en Chile]?”, le informó Edwards al director de la central de inteligencia estadounidense.

EL “MEMCON” DE LA REUNION HELMS/EDWARDS

El hecho de que Agustín Edwards se reuniera con el director de la CIA el 14 de septiembre en Washington D.C. fue conocido públicamente desde que un comité especial del Senado estadounidense, liderado por el senador Frank Church, reveló en un reporte detallado la acción encubierta de la CIA en Chile hace casi cuarenta años. En septiembre pasado, para el 40° aniversario del Golpe de Estado, CIPER publicó las primeras cuatro páginas del memorándum de la CIA sobre esa conversación, titulado “Conversación sobre la situación política chilena” (Ver reportaje).

El documento resume la primera parte de la reunión Edwards/Helms e indica, al contrario del testimonio bajo juramento de Edwards ante el juez Carroza, que discutieron el “timing para una posible acción militar”. Una segunda versión desclasificada del mismo documento (obtenida por el autor y que CIPER publica ahora) totaliza diez páginas fuertemente censuradas y que prueban que más de la mitad de la reunión fue dedicada a una discusión explícita sobre una conspiración para un Golpe de Estado y de cómo Estados Unidos podría apoyarlo (ver documento).

Richard Helms

En ambas versiones de este “memcon” –como son llamados estos documentos en Estados Unidos–, el nombre de Agustín Edwards está tachado. Es claro que la agencia de inteligencia aún quiere proteger su identidad como fuente confidencial. Pero no lo logró. El documento se refiere a que la reunión tuvo lugar a petición de Henry Kissinger,entonces asesor de seguridad del Presidente Nixon, quien había tomado desayuno con Edwards el 14 de septiembre de 1970 en Washington. Transcripciones desclasificadas de las conversaciones telefónicas de Kissinger, obtenidas por el National Security Archive, revelan que Kissinger ese mismo día llamó a Helms para decirle:“Edwards está aquí”. En el mismo llamado, Kissinger le pidió a Helms que personalmente le preguntara a Edwards sobre la situación en Chile. Helms accedió.

Ahora, con la desclasificación la semana pasada de una nueva colección de registros de la oficina histórica del Departamento de Estado, tenemos una nueva versión del famoso “memcon”, una transcripción oficial y mucho memos censurada del gobierno de EE.UU. del documento que identifica a los participantes de la reunión: Agustín Edwards, Donald Kendall, el presidente ejecutivo de Pepsicola, el director de la CIA Richard Helms y un ayudante no identificado de Helms en la CIA, quien tomó notas y escribió el resumen de la reunión. Los censores de la CIA intentaron ocultar el nombre de Agustín Edwards a lo largo de la transcripción, refiriéndose a él como “nombre no desclasificado”. Pero en al menos dos partes del documento, los censores no percibieron  la referencia a Edwards y su nombre es reproducido como la fuente de la información (ver documento).

La reunión fue clave en el impulso que se le dio a partir de ese día a la acción desestabilizadora emprendida por el gobierno de Nixon en contra de Allende. Agustín Edwardsno fue sólo el primer civil chileno del que se tenga conocimiento que se haya reunido en esos álgidos días con el director de la CIA. De acuerdo a los documentos desclasificados hasta ahora bien podría ser el único chileno que se sepa se haya reunido con el director de la CIA. Además, no fue coincidencia que la reunión tuviera lugar justo un día antes de que el Presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, ordenara a Helms iniciar un conjunto de acciones encubiertas para “hacer que la economía chilena chille” y así provocar un Golpe para evitar que Salvador Allende asumiera la presidencia.

Entre los miles documentos de la CIA y el Departamento de Estado de EE.UU. que han emergido de la decisiva intervención encubierta de Estados Unidos en Chile, no hay otro que deje tan claro el rol de uno de los principales socios chilenos en la conspiración extranjera: Agustín Edwards.

REUNIÓN EN EL MADISON

En la tarde del 14 de septiembre de 1970, acompañado por el presidente de la Pepsi, Donald Kendall, quien era un amigo cercano del Presidente Richard Nixon, Agustín Edwards se reunió con el jefe de la CIA, Richard Helms, en el Hotel Madison, ubicado en el centro de Washington.  El contenido del informe de dicha reunión deja claro que Edwards venía bien preparado para hacer lobby frente a su interlocutor para la necesidad de ejecutar un Golpe de Estado en Chile. De allí que le entregara a Helms información de inteligencia sobre las Fuerzas Armadas chilenas, dirigentes políticos pro-golpe y la situación política general que había provocado la mayoría relativa del candidato de la Unidad Popular sólo diez días antes.

Richard Nixon

Por ejemplo, Edwards le informó a Helms de una reunión secreta que el Presidente Frei Montalva había tenido –usando al vicepresidente del PDC Bernardo Leighton como intermediario– con el candidato presidencial de la derecha y el Partido Nacional, Jorge Alessandri, quien había obtenido la segunda mayoría relativa con sólo 40 mil votos de diferencia con Allende. Allí se había discutido la posibilidad de crear un nuevo escenario en el cual el Congreso chileno –con los votos de la derecha y la Democracia Cristiana– ratificaría a Alessandri y no a Salvador Allende. Inmediatamente después del pronunciamiento del Congreso, Alessandri renunciaría y habría nuevas elecciones presidenciales, en las cuales Frei participaría y probablemente ganaría.

En el memorándum se dice que Agustín Edwards le manifestó a Helms su preocupación sobre la viabilidad y las probabilidades de éxito de dicho plan, conocido como “la solución constitucional”. Según se lee, Edwards le dijo a Helms: “[el plan] podría no funcionar. ¿Entonces qué?”. Agustín Edwards prefería una solución no constitucional.

El grueso de la reunión de Edwards con Richard Helms, según el informe recientemente desclasificado, estuvo dedicado a evaluar a los miembros de las Fuerzas Armadas de Chile, sus liderazgos y sus verdaderas y potenciales consideraciones para involucrarse en un Golpe de Estado.  Edwards le entregó al jefe de la CIA detalles concretos de comandantes en toda las ramas uniformadas, las tropas que controlaban y lo que costaría hacerlos moverse para un golpe.

Uno de los ejemplos que entregó Agustín Edwards en esa reunión estaba relacionado con los obstáculos que se preveía en la Fuerza Aérea, la que difícilmente jugaría un rol de liderazgo para el golpe. Informando sobre el comandante en jefe de la Fuerza Aérea, el general Carlos Guerraty, Edwards le dijo a Helms: “Él quiere actuar contra Allende, pero Guerraty no es muy inteligente”.

En otro acápite del informe de la reunión de Agustín Edwards con Richard Helms, se registra que el director y dueño de El Mercurio le dice al jefe de la CIA que antes de dejar Chile había podido hablar personalmente con el general Camilo Valenzuela, jefe de operaciones militares en Santiago, quien semanas después se transformaría en un líder en la operación respaldada por la CIA para instigar un golpe a través de la neutralización del general René Schneider. De acuerdo a Edwards, Valenzuela declaró que “lo haría por su cuenta” si debía, para evitar que Allende se transformara en Presidente de Chile.

En el informe se dice que luego de esa conversación personal con el general Camilo Valenzuela, Edwards le transmitió un mensaje sobre el apoyo de Estados Unidos a cualquier esfuerzo para un Golpe de Estado. De acuerdo a la transcripción de la reunión de Edwards con Helms, el dueño del diario El Mercurio “agregó que al discutir la situación post-electoral con [el general Camilo] Valenzuela y algunos oficinales navales clave, estaban preocupados de dos puntos básicos:

1) Si el gobierno chileno fuera derrocado en una acción militar, ¿recibiría el nuevo gobierno el reconocimiento diplomático de Estados Unidos?

2) ¿Recibirían las Fuerzas Armadas chilenas apoyo logístico por una acción contra el gobierno?”.

Luego Edwards informó a Helms que el subjefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional (y el corazón de la preparación y articulación del Golpe en 1972 y 1973), el capitán Carlos Le May Délano, había identificado dos posibles “gatilladores” para un movimiento militar contra Allende: ruido de sables en Perú o Argentina contra Allende, o una decisión del gobierno de Estados Unidos de retener ayuda.

En algún punto durante la reunión, Richard Helms le preguntó a Agustín Edwards sobre la mejor forma en que el gobierno de Estados Unidos podía enviar un mensaje de “aliento” a los militares chilenos. Edwards respondió que sería “desastroso” si un mensaje así se enviara abiertamente. Y agregó que, no obstante, “si la palabra sobre la actitud de Estados Unidos fuera enviada discretamente, podría ayudar”.

La conversación continuó con la entrega por parte de Agustín Edwards al jefe de la CIA de información de inteligencia muy necesaria sobre quiénes en elestablishment político de la derecha tenían lazos cercanos e influyentes con los militares. Allí el dueño de El Mercurio mencionó a Sergio Onofre Jarpa y a Francisco Bulnes, entre otros nombres que, más de 40 años más tarde, la CIA sigue manteniendo en secreto.

USANDO LA EVIDENCIA

Al final del memorándum  de la conversación, el oficial de la CIA que tomó notas entregó su propia opinión sobre Edwards: “Estaba a ratos algo emocional y frecuentemente divagaba. Parecía estar buscando las soluciones posibles pero su conversación no indicaba que ya hubiera encontrado una que considerara factible o efectiva”.

El acta de la reunión deja claro, sin embargo, que ese 14 de septiembre de 1970, Agustín Edwards no sólo abogó por una solución militar para impedir que Allende llegara a La Moneda, sino que asumió el rol de informante de la CIA al proveer a la central de inteligencia de información sobre figuras políticas y militares clave que podrían ayudar en los objetivos ideológicos y económicos de Estados Unidos, los que coincidían con los intereses financieros y políticos que representaba el dueño de la empresa El Mercurio. Para ambos resultaba de vital importancia derrumbar la democracia constitucional en Chile.

Los argumentos e informaciones entregadas por Agustín Edwards al jefe de la CIA ese 14 de septiembre, ayudaron a poner en movimiento el más cuestionado y dañino conjunto de operaciones encubiertas en la historia de Chile y Estados Unidos, que incluyó el Plan “Track II”, ordenado por el Presidente Nixon durante una reunión con Helms al día siguiente (15 de septiembre), para instigar un golpe militar que llevó directamente al asesinato del general René Schneider en octubre de 1970.

Como el propio Richard Helms testificó ante el Comité Church en el Senado estadounidense: “Tengo la impresión de que el Presidente organizó esta reunión -de la que tengo mis notas escritas a mano- por la presencia de [Agustín] Edwards en Washington y que [lo que Nixon] escuchó de Kendall sobre lo que Edwards estaba diciendo sobre las condiciones en Chile y lo que estaba pasando allá”.

Agustin Edwards

En términos de verdad  histórica, este documento entrega la más acabada y precisa versión sobre lo que Agustín Edwards hizo, sabía y dijo para ayudar y apoyar al coloso del norte para intervenir en los asuntos internos de su propio país. Al menos los chilenos ahora saben lo que el más importante empresario de medios de comunicación ya sea por olvido o intencionalmente engañó al juez Carroza cuando testificó que nunca había conspirado con la CIA para presionar por un Golpe de Estado.

Tal vez este documento tenga un rol legal que jugar también para determinar si Edwards cometió perjurio y conspiró con una potencia extranjera para hacer daño y provocar un quiebre institucional en su patria. En efecto, es tiempo de confrontar a Agustín Edwards con las evidencias contundentes de sus verdaderas acciones como un traidor de su país y a su Constitución.