La OEA cree necesaria una buena ley de acceso a información pública
Una buena ley de acceso a la información pública es un mecanismo fundamental para una democracia, aseguró Catalina Botero, relatora especial para la libertad de expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA), en una entrevista con ABC Color. Insistió en que las excepciones deben ser absolutamente acotadas”.El acceso a la información pública “es un derecho fundamental, dado que se trata de un instrumento esencial para el fortalecimiento de la democracia... es una herramienta esencial para luchar contra la corrupción y el autoritarismo”, explicó Botero. Un mecanismo vital para garantizar este derecho es una buena ley de acceso a la información pública, insistió la abogada.
“Sin ley, todo depende del criterio discrecional del funcionario administrativo o judicial de turno”, sostuvo Botero. Sin una legislación, la persona que solicita información no tiene certeza de cuánto podría tardar en conseguirla, no sabe si le darán la información completa o en un formato accesible, y no conoce los recursos disponibles para que su derecho sea respetado, explicó la relatora especial.
Excepciones, “absolutamente acotadas”
La OEA elaboró un modelo de ley en el que recomienda basar las legislaciones de acceso a la información.
Principalmente, una legis- lación debe exigir al Estado poner a disposición de todos, en igualdad de condiciones, recursos para poder acceder a la información pública de manera oportuna, completa y accesible.
“Deben existir garantías adecuadas de implementación de este recurso. Las excepciones deben ser absolutamente acotadas”, consideró Botero.
Si bien la consideración de algunas excepciones es inevitable, las mismas solo deben incluirse si están claramente establecidas y delimitadas. Estas excepciones deben significar “un beneficio más importante para la democracia que el efecto nocivo de mantener la reserva”, agregó.
Al ser consultada sobre el temor que existe de que una ley pueda utilizarse para menoscabar el derecho al acceso a la información y por ende limitar la libertad de expresión, la abogada respondió: “No, si la ley reúne las condiciones básicas para garantizar el derecho... Por eso es importante conocer los estándares internacionales”.
Relatoría Especial
Catalina Botero dirige la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la OEA desde el 2008. Desde su oficina, creada para promover la libertad de expresión e información, la abogada colombiana ha denunciado amenazas a periodistas, escándalos de espionaje, así como leyes cada vez más duras contra la prensa en algunos países como Ecuador y Venezuela.
A continuación reproducimos la entrevista completa con Catalina Botero, Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA).
¿Por qué el acceso a la información es un derecho humano?
El derecho de acceso a la información pública es un derecho fundamental dado que se trata de un instrumento esencial para el fortalecimiento de la democracia, para la construcción de ciudadanía, para el control de la gestión pública y para el ejercicio de otros derechos fundamentales como los derechos sociales o los derechos políticos, entre otras cosas. Es una herramienta esencial para luchar contra la corrupción y el autoritarismo.
Como se dará cuenta se trata de metas particularmente importantes para muchos Estados de la región que están en la tarea de construir instituciones sólidas que respondan a los más altos estándares democráticos.
¿Es necesaria una ley de acceso a la información para que este derecho sea efectivo?
Si no hay una ley, lo que hay es discrecionalidad. La persona que solicita la información no tiene ninguna certeza jurídica sobre el tiempo que tardara el Estado en darle esa información, no sabe si le darán la información completa o asequible y no sabe que recursos efectivos tiene para que su derecho sea respetado. Lo que hace una buena ley, una ley, por ejemplo, como la ley modelo de la OEA, es crear los mecanismos para proteger el derecho de todas las personas, en igualdad de condiciones, para acceder a la información pública.
Más y mejores mecanismos de transparencia, como los que deben consagrar una ley que garantice el derecho de acceso, se traducen en más y mejores mecanismos de democracia, de desarrollo económico y de igualdad. Sin ley, todo depende del criterio discrecional del funcionario administrativo o judicial de turno. Algunas veces tenemos suerte, pero los derechos no pueden depender de la suerte.
¿Qué se debe considerar en una buena ley de AIP?
La Ley modelo de la OEA es un claro ejemplo. Los Estados deben poner a disposición de todas las personas un recurso realmente efectivo para poder acceder a la información publica de manera oportuna, completa y accesible. Deben existir garantías adecuadas de implementación de este recurso. Las excepciones deben ser absolutamente acotadas y debe crearse un recurso judicial que sirva para cuestionar ante tribunales independientes las decisiones administrativas que niegan el acceso a la información.
¿Se deben considerar excepciones al acceso a la información en una ley?
El derecho de acceso a la informacion tiene algunas excepciones que solo son legitimas si están claramente establecidas en la ley; buscan una finalidad democrática; son esenciales para el logro de dicha finalidad y producen un beneficio mas importante para la democracia que el efecto nocivo de mantener la reserva. Todo esto debe ser demostrado. La reserva debe tener un lapso de tiempo acotado. Un juez independiente debe ser quien, en ultima instancia y en aplicación de la prueba del daño, defina el asunto cuando la administración decide negar el acceso.
¿Existe un caso internacional que ha demostrado la necesidad de una ley de AIP?
En mi criterio, es la sentencia en el caso de Marcel Claude Reyes en Chile. Cuando Claude Reyes pidió información al Comité de Inversiones Extranjeras de ese país sobre un proyecto forestal que podía afectar el medio ambiente, se encontró con una respuesta escasa y deficiente: gran parte de la información que había pedido no le fue entregada y no había una ley (un marco jurídico) que ordenara la entrega de información completa, accesible y oportuna. En esas condiciones, el derecho quedaba en manos del funcionario competente para resolver cada solicitud.
Reyes llevó su pedido ante distintos tribunales de Chile, sin éxito. Finalmente decidió recurrir al sistema interamericano junto a una serie de importantes organizaciones de derechos humanos de América Latina decididas a avanzar la causa del acceso y la transparencia.
A través de la sentencia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó a Chile reformar su régimen jurídico para garantizar el derecho de acceso a la información. Este país realizó entonces una de las reformas más ambiciosas e importantes que se han llevado a cabo en la región sobre la materia y desde entonces se convirtió en uno de los países líderes en políticas de acceso a la información. Para lograrlo aprobó la Ley de Transparencia y creo al Consejo para la Transparencia.
La mayoría de los Estados de la región cuentan hoy con leyes de acceso. La propia OEA recomendó a los Estados la aprobación de estas leyes y elaboro incluso una ley modelo y una guía de implementación.
¿La ley es suficiente garantía para efectivizar el acceso a la información?
De ninguna manera, pero lo cierto es que sin ley no hay ninguna garantía real
¿Una ley de AIP puede utilizarse para menoscabar el derecho de acceso a la información y limitar la libertad de expresión?
No si la ley reune las condiciones básicas para garantizar el derecho. Por eso es importante conocer los estándares internacionales. De esta forma, el acceso a la información se convertirá en un medio a través del cual se mejorará la calidad de vida de las personas y se fortalece el vigor de las instituciones y de las democracias en el hemisferio.
mayra.rivarola@abc.com.py
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