Chile perdió US$ 6 mil millones por privatización de sus empresas
Viernes, 22 de julio de 2005 | 12:00 am
En la dictadura de Pinochet. Venta de empresas públicas se hicieron con mecanismos creados por funcionarios pinochetistas, quienes luego se beneficiaron con información privilegiada.
La clave
NI OLVIDO NI PERDÓN. La dictadura fujimontesinista privatizó en Perú importantes empresas públicas. Emblemática es la escandalosa subvaluación de Solgás, vendida en US$ 7.3 millones a Lipigás (Chile), quien la vendió en US$ 58 millones a Repsol.
EN LA DICTADURA DE PINOCHET • Venta de empresas públicas se hicieron con mecanismos creados por funcionarios pinochetistas, quienes luego se beneficiaron con información privilegiada.
Santiago. EFE.
Según un informe de una comisión de la Cámara de Diputados de Chile, este país dejó de percibir alrededor de US$ 6,000 millones por la privatización, durante la dictadura de Pinochet, de empresas que fueron vendidas a bajo precio.
En base a datos de la Contraloría, la comisión, encabezada por el diputado Carlos Montes, determinó que solo la venta de las 30 empresas más grandes, de un total de 725, causó pérdidas al Fisco por US$ 2,223 millones de la época, hoy valorizadas en más de US$ 6,000 millones.
El informe señala que las privatizaciones efectuadas durante la dictadura de Augusto Pinochet fueron hechas con mecanismos formales “creados previamente por funcionarios de Gobierno, los que luego utilizaron esa información privilegiada para hacerse de la propiedad de las empresas a menor precio”.
Dicho texto, da cuenta de operaciones hasta ahora desconocidas, como el traspaso de 15,888 inmuebles del Estado, de los cuales casi 11,000 fueron a parar a manos privadas. Del mismo modo, da ejemplos de estas operaciones, como la venta de la Compañía de Aceros del Pacífico (CAP) en US$ 105.5 millones, mientras su valor real era US$ 811.5 millones.
Normas ad hoc
El documento consigna que “todo el proceso privatizador se desarrolló en Chile con normas legales decretadas ad hoc” y además que el sistema originó “una creciente concentración de la propiedad en grupos económicos poderosos”.
El documento aparece en momentos en que, a instancias de la oposición de la derecha chilena y en plena campaña electoral presidencial de cara a los comicios de diciembre, se conformaron dos comisiones parlamentarias para investigar contratos de asesoría supuestamente irregulares entre organismos del Estado y privados, entre 1998 y 2004.
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