10 de Septiembre de 2013
Los médicos y enfermeras que “hicieron su trabajo” para el terrorismo de Estado
En “El Despertar de los Cuervos”, dediqué un capítulo en un grupo de civiles que grafican las consecuencias reales del silencio que jueces y políticos han reconocido durante la dictadura. Se trata de los más de cien dentistas y doctores que trabajaron en las clínicas de la DINA-CNI y que hoy conforman parte de la opinión pública. Respecto de su acción, el Colegio Médico ha actuado de forma particular, caso a caso, sancionando a algunos pocos. Se entiende entonces que debieran ser vistos según sus opiniones personales frente a los hechos.
A través de la investigación centré mi atención en una veintena de hombres de la salud que ha prestado declaración policial o judicial en causas de lesa humanidad y en qué están hoy, pasados los años. En el libro se denuncia, por ejemplo, que el psiquiatra colegiado, Roberto Emilio Lailhacar Chávez, experto en drogas e integrante actual de grupos iniciáticos y de conocimiento personal (así se publicita en revistas vinculadas al tema), confesó recién este año que dentro de su casa de campo, ubicada en Curacaví, hay 6 o 7 cadáveres enterrados. Según el doctor, antes de morir, su padre le confesó que los cuerpos fueron lanzados por Carabineros de la zona dentro de un fallido y profundo pozo destinado a extraer agua. En este momento, Investigaciones y el Servicio Médico Legal se encuentran intentando llegar hasta el fondo del estrecho orificio y dar con las víctimas. En su declaración a la justicia se observa que Lailhacar se considera un actor pasivo de aquellos hechos. Sin embargo, un soldado del regimiento Tejas Verdes, el lugar donde se creó la DINA y tema central de “El Despertar de los Cuervos”, contó para el libro que Lailhacar era conocido ahí como “el hipnotizador”, debido a que aplicó técnicas de tortura “novedosas”, dentro de aquel centro de experimentación, donde seres humanos fueron utilizados como conejillos de indias.
El psiquiatra colegiado, Roberto Emilio Lailhacar Chávez, experto en drogas e integrante actual de grupos iniciáticos y de conocimiento personal (así se publicita en revistas vinculadas al tema), confesó recién este año que dentro de su casa de campo, ubicada en Curacaví, hay 6 o 7 cadáveres enterrados. Según el doctor, antes de morir, su padre le confesó que los cuerpos fueron lanzados por Carabineros de la zona dentro de un fallido y profundo pozo destinado a extraer agua. En este momento, Investigaciones y el Servicio Médico Legal se encuentran intentando llegar hasta el fondo del estrecho orificio y dar con las víctimas.
Luego, ya entrada la dictadura, fue el jefe del departamento de operaciones psicológicas de la DINA, unidad que estuvo dedicada a crear contra propaganda a las manifestaciones en contra de la dictadura. También atendió y dio sustento psicológico a aquellos agentes con problemas de conciencia. En su declaración a la justicia incluso reconoció haber celebrado asados con Manuel Contreras y la directiva de la DINA en el mismo campo donde probablemente hoy se encuentran enterrados detenidos desaparecidos.
Muchos funcionarios de la salud trabajaron junto a Lailhacar dentro de las clínicas DINA-CNI y fueron parte de los crímenes ocurridos ahí. El enfermero de la Clínica Santa Lucía, Carlos Norambuena Retamales, declaró a la justicia que ahí escuchó y vio hechos que lo dejaron marcado de por vida. “Viene paquete”, era la nomenclatura que se utilizaba ahí, cuando un detenido llegaba proveniente de un centro de torturas para ser eliminado. “Bajaban de la camilla al detenido, lo ingresaban a una sala, le suministraban algo y luego el paciente salía fallecido”, declaró a la justicia. El enfermero escuchó luego a los doctores decir que para eliminar a los detenidos, les suministraban 5 milígramos de pentotal. Según él, por lo menos dos doctores, Wener Zanghellini y Osvaldo Leyton Robles, ambos con consulta particular en Providencia, eran los encargados de efectuar esta labor.
La enfermera Gladys Calderón, tomó ese conocimiento de los médicos, y en 1976 y 1977 se dedicó a inyectar mortalmente a los detenidos del cuartel Simón Bolívar, hasta ahora el único centro de exterminio documentado en detalle por la justicia y donde se asesinó a tres direcciones del Partido Comunista. Ella declaró a la justicia que no sólo se consideraba inocente, sino que su acción era humanitaria, puesto que los detenidos inyectados se encontraban en pésimas condiciones físicas.
Algunos doctores, como el oftalmólogo Vittorio Orvieto, quien partió asesorando sesiones de tortura en Tejas Verdes, también dio su opinión frente a los hechos antes de que se probara su participación criminal. “Quiero dejar una constancia. Que toda esta situación en la que me he visto involucrado y de la cual no tuve ninguna participación, ha significado para mí y mi familia un grave deterioro moral y espiritual y, por qué no decirlo, también físico. Siento en lo más profundo de mi ser que he sido víctima de circunstancias que yo no busqué en ningún momento […]”, declaró en la causa Tejas Verdes.
En el libro incluí el testimonio del actual director del Servicio Médico Legal, Patricio Bustos, quien fue detenido por la DINA y torturado dentro de la clínica Santa Lucía, donde Orvieto trabajaba. En aquel lugar, según recordó, sus colegas integraban las sesiones e incluso le suministraron sueros como una forma de facilitar la continuidad de los tormentos cuando se encontraba al borde de la muerte. A través de una radio, lo hicieron escuchar cómo torturaban a su mujer al mismo tiempo en la Villa Grimaldi. En una ocasión, un doctor se le acercó y le habló de cerca. “Tú entiendes, yo acá estoy haciendo mi trabajo”.
Otros, como los doctores Camilo Azar Saba, Manfred Jürgensen Caesar y Luis Alberto Losada Fuenzalida confesaron haber viajado al cuartel Borgoño de la CNI para atender detenidos: los tres auscultaron al profesor Federico Álvarez Santibáñez, detenido en esas dependencias. Según sus declaraciones policiales, no observaron lesiones externas atribuibles de mayor cuidado. Al día siguiente falleció en la Posta Central producto de las torturas. Los tres son médicos colegiados. Azar trabaja en la clínica Meds, célebre debido a que atiende a muchos deportistas de alto rendimiento. Losada trabaja en el Instituto de Geriatría y Jurguensen se desempeña en el Hospital Clínico de la Fuerza Aérea, donde es jefe del Departamento de Educación. Además labora en la Clínica Alemana. Los tres se consideraban actores pasivos. Alguno de ellos, incluso, manifestó estar molesto con los servicios de inteligencia, por haberlos involucrado en estos hechos.
Respecto de un terreno aparentemente menos grave, pero que dio sustento a la dictadura, en “El Despertar de los Cuervos” incluí la declaración policial del dentista de la DINA y CNI, Pablo César Oyanguren Plaza, prestada en agosto de 2010, dentro de la causa Villa Grimaldi. Su chapa dentro de la organización terrorista era “Cicerón Videla”. Interrogado señaló: “Me dieron (la CNI) una cédula de identidad a nombre de Cicerón Videla, con la finalidad de votar en el plebiscito”. Antes de publicar el libro, encontré a Oyanguren Plaza, dando clases en la Universidad Mayor. Me confirmó su acción en el plebiscito de 1980 que dio legitimidad a la dictadura y que aprobó la Constitución Política que nos rige hasta hoy. Según me explicó, sentía que lo que había hecho “fue un error” y que mirado en el tiempo “lo sentía”. Según él, todos sus compañeros dentro de la Clínica Santa Lucía utilizaban un nombre real y otro ficticio o chapa y que, aunque no podía probarlo, tenía la impresión de que, al igual que él, sus compañeros también sufragaron dos veces con el fin de aprobar la Constitución.
Esto ya había sido reconocido por Jorgelino Vergara, “El Mocito”, para el libro “La Danza de los Cuervos”. Según su testimonio, junto a su unidad acudió en masa a votar todas las municipalidades de Santiago en dos ocasiones, con el fin de vencer en el plebiscito de 1980.
Jorgelino Vergara se encuentra unido a los profesionales de la salud en la DINA y la CNI también por otro tema. Según él, como empleado civil, su sueldo era cancelado por la empresa Boxer y Asper. No conocía a sus dueños legales, pero estaba seguro que el financista detrás era el fallecido empresario, Ricardo Claro Valdés. En la investigación por las clínicas de la DINA, varios profesionales de la Salud señalaron entre sus empleadores a las empresas Boxer y Asper.
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