Felipe Portales
especial para G80
La Concertación debe explicaciones (LXII): durante el gobierno de Frei intentó nombrar agregado militar en Rusia a Krassnoff
El liderazgo de la Concertación debiera darle también explicaciones a sus bases y al país respecto de porqué sus gobiernos nombraron, quisieron nombrar o mantuvieron reiteradamente como representantes de Chile en el exterior a miembros de las Fuerzas Armadas involucrados en graves violaciones de derechos humanos; no importándoles siquiera que ello suscitara un bochorno internacional para nuestro país.
Así, el gobierno de Frei Ruiz Tagle pretendió enviar a la Misión militar en España a Jaime Lepe Orellana, que ¡había sido miembro de la Brigada Mulchén, entidad de la DINA que se encargó del asesinato del funcionario internacional chileno-español Carmelo Soria! Ante la oposición del gobierno español, no pudo hacerlo (Ver Ascanio Cavallo.- La historia oculta de la transición; Edit. Grijalbo, 1998; p.350). Luego, el funcionario socialista de la Cancillería, Carlos Parker, reconoció en el agregado aéreo en España, Héctor Barrientos, a quien lo había torturado en Isla Dawson, luego del golpe. Pese a la conmoción producida, el gobierno de Frei lo mantuvo en el cargo (Ver El País de España; 4-11-1997).
Por otro lado, el gobierno de Frei intentó designar como agregado militar en Ecuador a otro miembro de la Brigada Mulchén, Pablo Belmar. Sin embargo, éste “no pudo asumir, porque al rechazo del Parlamento de ese país se sumó la firme postura del embajador Roberto Pizarro, quien estuvo dispuesto a renunciar si asumía Belmar” (La Nación; 31-1-1996). Luego, Frei quiso nombrarlo en la Misión militar en El Salvador. Ante ello, el propio presidente (¡del partido de extrema derecha ARENA!) de ese país, Armando Calderón Sol, “confirmó las declaraciones del canciller Ramón González Giner, en cuanto a que su gobierno rechaza la llegada al país del militar chileno Pablo Belmar en calidad de asesor de la Fuerza Armada salvadoreña por las acusaciones que pesan en su contra sobre violaciones a los derechos humanos” (La Tercera; 17-2-1996).
Además, respecto de El Salvador se añadía el hecho que “desde el 1 de julio de 1995” ocupaba el cargo de agregado militar de Chile en dicho país –y como concurrente en Guatemala- “el brigadier George Willeke, implicado en el caso Prats, en la reciente resolución de la jueza (argentina) María Servini de Cubría” (La Nación; 31-1-1996). Todo esto provocó que “el propio gobierno salvadoreño” hiciera trascender “su malestar” y que además planteara su disposición “a cesar el acuerdo de asesoría entre el Ejército de Chile y las Fuerzas Armadas de El Salvador, que data de 1991” (La Nación; 31-1-1996).
Incluso, el gobierno de Frei ¡pretendió nominar a Miguel Krasnoff Marchenko como agregado militar en Rusia!, lo que se vio frustrado por la natural indignación suscitada en organismos de derechos humanos (Ver El Mercurio; 1-2-1996).
Más revuelo provocó el caso del oficial chileno a cargo de la Misión de Observadores de Naciones Unidas en la frontera indo-pakistaní, Sergio Espinoza Davies, producto de la información de que “el general Espinoza fue acusado recientemente por familiares de fusilados en Pisagua, de ser uno de los miembros del Consejo de Guerra que el 29 de octubre de 1973 cambió una sentencia ya fallada para, bajo presión de mandos superiores, redactar una nueva y condenar a muerte a cuatro dirigentes del Partido Socialista de Iquique. Los dirigentes Freddy Taberna, Juan Antonio Ruz, Rodolfo Fuenzalida y José Sampson fueron fusilados en la madrugada del día siguiente en el campo de prisioneros de Pisagua” (La Nación; 18-9-1998).
Y pese a la presión de Naciones Unidas para que el gobierno chileno lo retirara, éste prefirió que fuera la propia ONU quien tomara la decisión de sacarlo de su cargo: “Según fuentes e informaciones extraoficiales coincidentes, el Gobierno prefirió este camino –que conlleva el bochorno internacional como lo planteó el Canciller José Miguel Insulza- a tener que responder ante el Ejército por llamar a retiro al brigadier general” (La Nación; 18-9-1998).
La indiferencia gubernamental se expresó también en el nombramiento de embajadores. Así, a comienzos de 1994 el flamante gobierno de Frei quiso designar como su embajador en Suiza al funcionario Luis Winter Igualt, quien se había desempeñado como Fiscal Naval de Valparaíso luego del golpe de 1973. Winter, en octubre de 1977 –mientras se desempeñaba como diplomático chileno en las Naciones Unidas en Ginebra- fue acusado por la portavoz del “Comité de Solidaridad con el Pueblo Chileno” en Suiza, la periodista Marie Tecklenburg-Bonnard, de haber ordenado torturar a dos presos políticos chilenos: Jorge Escalante Hidalgo y Leopoldo Luna, quienes testimoniaron al respecto ante la propia Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas (Ver El Mercurio de Valparaíso; 10-1-1981). Winter se despojó de su inmunidad y se querelló por difamación contra Marie Tecklenburg ante la Justicia de Suiza. En enero de 1981 ésta absolvió a la periodista suiza de los cargos de difamación y condenó a Winter “a pagar las costas del proceso y una parte del pago del abogado (1.000 francos suizos) de la acusada” (La Suisse; 10-1-1981).
Por cierto, la comunidad chilena en Suiza se movilizó denodadamente para impedir dicho nombramiento. Así, el gobierno suizo terminó solicitándole al chileno que lo desechara. Ante una situación tan bochornosa, el gobierno de Frei Ruiz-Tagle, en lugar de retirarle su confianza, lo designó Consul General en Houston. Posteriormente, bajo Lagos y Bachelet, Winter llegaría a ostentar un alto cargo en la Cancillería (Director de Políticas Especiales) y en 2007 ¡fue designado por Michelle Bachelet como abogado consejero del Consejo de Defensa del Estado!
Asimismo, durante el gobierno de Lagos se denunció que el agregado militar en España, Rodolfo Ortega Prado, había sido jefe de la CNI en Punta Arenas entre 1986 y 1989; y que en 1988 se había asesinado allí a la joven dirigente del PS, Susana Obando (Ver La Nación; 29-2-2004). Pese a que altos dirigentes políticos españoles –de Izquierda Unida y de Ezquerra Republicana de Cataluña- abogaron por su cese en el cargo, el gobierno chileno lo mantuvo en él hasta el término de su período en 2005.
Quien sí tuvo que ser alejado de su cargo de Cónsul General de Chile en Honduras, fue el que dirigió como capitán de Ejército la represión en San Fernando luego del golpe de 1973, dejando una estela de detenciones, torturas y muertes: Ricardo Manríquez Pearson (Ver La Nación; 12-4-2004). Las protestas surgidas en Chile y el exterior fueron tan fuertes, que el gobierno de Lagos se vió virtualmente obligado a ordenar su retorno como diplomático, carrera a la cual había ingresado durante la dictadura en 1979.
Estos fueron los casos que llegaron a conocimiento público; pero con toda probabilidad debe haber habido muchos más. De hecho, otros agregados recibieron denuncias responsables de haber violado los derechos humanos con posterioridad a sus destinaciones; como Juan Emilio Cheyre y Hernán Gabrielli. Es decir, este era un tema que no solo dejaba indiferente a los gobiernos de la Concertación desde una perspectiva ética y de justicia, sino además desde el punto de vista del prestigio de nuestro país en el exterior. Lo que quedaría con total evidencia luego de la detención de Pinochet en Londres, hace quince años, en octubre de 1998…
Felipe Portales
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