José Piñera: los claroscuros del gran privatizador
Acaso uno de los aspectos más llamativos de los documentos secretos de la CIA desclasificados en nuestra edición 1463, sea el papel preponderante y reiterado de José Piñera Echeñique en las asociaciones ilícitas para lavado de activos, en el caso de la Cooperativa de Ahorro y Crédito La Familia, para defraudar al banco de Talca, y para blanquear 120 millones de dólares destinados a “favorecer directa e indirectamente colaboradores e informantes/transformación al grupo de industria/financiero y regir los destinos políticos y económicos de Chile” (SIC).
Respecto de la autenticidad de los documentos que estamos desclasificando, convienen reiterar conceptos que hemos entregado en cada oportunidad. Primero, que tanto la identidad de la fuente, como las funciones que desempeñaba, fueron probadas ante el que suscribe, en un nivel suficiente, desde el punto de vista del método y la ética periodística. Segundo, confrontados los contenidos con otras fuentes, se observa una coherencia y concordancia que respaldan la hipótesis de verosimilitud. Tercero, que ésta sólo puede ser probada a nivel de tribunales, únicas instancias que cuentan con atribuciones, facultades y medios técnicos para hacerlo.
Acumulación silenciosa
En el caso señalado al inicio, las fechas mencionadas tanto en los documentos, como en los procesos judiciales, incluidos la investigación del juez Luis Correa Bulo y el recurso de amparo presentado por la defensa de Sebastián Piñera, coinciden con el desempeño de José Piñera Echenique, primero en el Ministerio del Trabajo, y luego en el Ministerio de Minería, desde donde impulsó cuatro de las siete “modernizaciones” que hacen parte de la arquitectura del actual modelo neoliberal y que en su momento Joaquín Lavín bautizó como una “revolución silenciosa”. De creerle al contenido de los documentos, lo que en verdad había de silencioso era esa operación de acumulación originaria de capital, que tiene a uno de los miembros del clan en posesión de una de las mayores fortunas del país, con base en lo cual, porfiadamente se ha propuesto “regir los destinos políticos y económicos de Chile”.
Desde otra perspectiva, la arquitectura institucional diseñada por José Piñera Echenique se mantiene en lo sustancial inalterada, por lo que mal se puede pretender que se trata de “hechos del pasado”.
Su biografía establece que e n 1970, José Piñera se graduó como economista de la Universidad Católica, en ese entonces fuertemente influida por el Departamento de Economía de la Universidad de Chicago. Ese mismo año, inició estudios de post grado en economía en la Universidad de Harvard. En 1972 recibió su grado de magíster y en 1974 su doctorado en Economía. En 1975, regresó a Chile y ejerció como profesor de la Universidad Católica de Chile, hasta 1978, cuando fue designado por Pinochet como Ministro del Trabajo. Una crónica de la revista Qué Pasa, del 3 de diciembre de 2005, señala que Sebastián Piñera llegó a Infinco, en reemplazo de su hermano José, al ser éste designado Ministro del Trabajo de Pinochet. Un informe del diario La Nación, el 26 de julio pasado, señala que Infinco fue constituida en abril de 1978, si bien aparece formalmente escriturada el 28 de julio de 1980.
La importancia de Infinco radica en que fue el mascarón de proa de la maniobra destinada a ordeñar el Banco de Talca, mediante créditos concedidos a empresas relacionadas y utilización fraudulenta de beneficios con los que el Banco Central incentivaba las exportaciones. El documento WSA/WAS/3215 B de la CIA, le atribuye la autoría intelectual de esas maniobras a José Piñera Echenique. Infinco fue también la matriz del negocio de las tarjetas de crédito, que habitualmente se asocia al origen de la fortuna de Sebastián Piñera. En efecto, según el informe de La Nación, cuando se constituye la Sociedad Administradora de Tarjetas de Crédito Bancard, autorizada, mediante decreto 540, el Banco de Talca poseía un 10% de las acciones, Infinco un 8% y Sebastián Piñera un 1,9%. Sin perjuicio de estimar la defraudación al Banco de Talca en 240 millones de dólares, otro de los documentos desclasificados señala de modo textual: “se establece contactos con nuestro Embajador y Ministro Consejero/ a través de José Piñera/ para el ingreso a Chile de tarjetas de créditos / reguladas por entidades americanas”.
Plan laboral
Sebastián Piñera desempeñó la gerencia general del Banco de Talca entre marzo de 1979 y septiembre de 1980, período en el cual se generaron, al amparo del grupo Calaf-Danioni, controladores del Banco de Talca, las sociedades Asesoría General de Proyectos de Construcción Ltda., Industrias del Acero Ltda., INDAC, Inversiones Arena, Inversiones Río Claro S.A., Agrícola Los Montes, Agrícola Tamarugal, Agrícola Laguna Verde y Forestal Los Lirios, entre otras.
Mientras ocurrían esos hechos, desde el Ministerio del Trabajo José Piñera Echenique, a partir de junio de 1979, con la dictación de una serie de decretos que fueron configurando la nueva institucionalidad laboral, particularmente los decretos leyes 2.200 sobre contrato individual, 2.756 sobre organización sindical y 2.758 sobre negociación colectiva, terminaba de una plumada con los derechos de los trabajadores adquiridos durante más de cincuenta años de duras luchas.
Dicha legislación ad-hoc persiguió un doble objetivo.
De una parte, flexibilizó ampliamente los derechos individuales, pero en dirección a atomizar a las organizaciones sindicales y a desregular las relaciones laborales en función de entregarle al empleador amplias facultades para determinar las jornadas de trabajo y las remuneraciones. En el otro extremo, rigidizó en forma absoluta el ejercicio de los derechos colectivos, como la negociación colectiva y la huelga, hasta el punto de tornarlos casi ilusorios. El efecto combinado de esta nueva institucionalidad laboral implicó simultáneamente el retiro del Estado de la supervisión de las relaciones laborales y la desprotección del movimiento sindical ante un empresariado que no trepidó en valerse de sus nuevos fueros y libertades para obtener del trabajo inéditas tasas de productividad y explotación. El resultado neto de tal política ha sido la contracción de la participación de los salarios en el producto nacional desde cerca del 70% alcanzado en 1972, hasta el 38% de la actualidad, y en la reducción del número de trabajadores sindicalizados, desde los más de 900 mil del año 1972, a los poco más de 680 mil registrados por la Dirección del Trabajo en 2004, alrededor del 9% de la fuerza laboral, porcentaje que correlacionado con el crecimiento de la población, arroja una merma brutal.
Privatización de la seguridad social
El 2 de noviembre de 1981, la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras intervino el Banco de Talca, y designó un administrador provisional, Eugenio Silva Risopatrón , quién entabló una querella criminal contra el grupo controlador y quienes resultaren responsables de numerosas infracciones a la ley de bancos, presentación que dio origen a la causa rol Nº 99.971-6, en la cual fueron encargados reos Carlos Massad, Sebastián Piñera, Miguel Calaf, Alberto Danioni y Emiliano Figueroa.
Por entonces, en noviembre de 1981, José Piñera ya había perpetrado la segunda de sus “gracias”, la reforma del sistema de pensiones, mediante el decreto ley 3.500, cuyo artículo 1º establece: “créase un Sistema de Pensiones de Vejez, de Invalidez y Sobrevivencia derivado de la capitalización individual que se regirá por las normas de la presente ley”.
Aunque se proclama un liberal convencido, Piñera no trepidó en virtualmente expropiar la seguridad social de los trabajadores (“la afiliación al sistema es única y permanente; subsiste durante toda la vida del afiliado, ya sea que se mantenga o no en actividad, que ejerza una o varias actividades simultáneas o sucesivas, o que cambie de Institución dentro del sistema”); en entregársela sin opción alternativa a unas nuevas y extrañas instituciones privadas (“el inicio de la labor del trabajador no afiliado genera la afiliación automática al sistema y la obligación de cotizar en una Administradora de Fondos de Pensiones”) y, sin preguntarle a nadie, extendió la vida laboral de los chilenos (tendrán derecho a pensión de vejez los afiliados que hayan cumplido sesenta y cinco años de edad si son hombres, y sesenta años de edad si son mujeres”).
Casi 28 años después, los resultados son desastrosos.
Según cálculos actualizados de CENDA, la pérdida del fondo de pensiones asciende a 16 mil 649 millones de dólares, desde el inicio de la crisis económica en agosto de 2007, mientras que para precaver el evidente hecho de que el sistema no sería capaz de pagar siquiera pensiones mínimas a más de la mitad de los afiliados, cuando la primera generación de afiliados a las AFP cumpliera la edad de jubilar, el Estado acudió con un oportuno rescate, mediante el cual se obligó a asumir la pensión básica solidaria, en la misma oportunidad en que amplió la autorización para la inversión del fondo en el extranjero hasta el 80% del mismo.
Privatización de la salud
Simultáneamente, el artículo 84 del DL 3.500 estableció la cotización obligatoria de salud para los trabajadores dependientes, y “facultó” a los trabajadores a aportar esa cotización a alguna institución o entidad diferente al Estado que le proporcione prestaciones y beneficios de salud. Luego el DL 3.501, también debido a José Piñera, radicó definitivamente dicha cotización de cargo del trabajador. Finalmente, el DFL N° 3 de 1981, del Ministerio de Salud, reguló la existencia y funcionamiento de Instituciones de Salud Previsional o Isapres. La privatización del sistema de salud ha determinado que el sistema privado, que atiende al 16% de los usuarios de servicios de salud, absorbe alrededor del 40% del gasto total en salud, dejando el saldo repartido en alrededor del 70% de los usuarios que se atiende en FONASA, todo lo cual se ha traducido en una salud de primer nivel para los que puedan pagarla, y un virtual colapso de un sistema público que ya no da abasto para atender el sostenido incremento de la demanda.
Desnacionalización del cobre
La orden de aprehensión de Miguel Juan Sebastián Piñera Echenique, en el contexto del proceso 99.971-6, por infracción a los artículos 26 y 26 bis de la ley general de bancos y defraudación al Banco de Talca, firmada por el juez Luis Correa Bulo, tiene fecha 27 de agosto de 1982.
Ya por entonces, José Piñera Echenique había rematado su actuación, en calidad de autor intelectual de la Ley Orgánica Constitucional 18.097 sobre Concesiones Mineras, de enero de 1982, como antes lo fue del Código Laboral y del sistema privado de pensiones, que en la práctica significó la segunda desnacionalización del cobre. En términos sucintos, dicha ley establece la “concesión plena”, argucia jurídica que permitió evadir la disposición constitucional aún vigente, en el sentido de que el Estado tiene el dominio “ absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible» de todas las minas”; concesión que fue revestida para todos los efectos como “derecho de propiedad”, y protegida por condiciones de indemnización tan favorables –al contado y al “valor de la totalidad del daño patrimonial efectivamente causado, el cual equivale en el caso de la concesión de explotación al Valor Presente de los flujos futuros de caja que ella puede generar”, como se jacta el propio Piñera-, que en la práctica se torna inexpropiable.
Hoy, a 27 años de ese hito lamentable, Codelco detenta el 25% de la producción de cobre del país, contra el 75% de la producción de la minería privada, en su gran mayoría transnacional; la gran minería del cobre, la actividad más dinámica del actual modelo de acumulación, emplea a menos del 1% de la fuerza laboral del país, mientras que las nueve mineras transnacionales sacaron de Chile alrededor de 80 mil millones de dólares en el ciclo de altos precios del cobre, vigente desde 2004 a la fecha.
Una última consideración sobre los documentos de la CIA.
Afirmamos que no hemos publicado nada que no haya sido contrastado al menos con una segunda fuente. En el caso de José Piñera, más que un contraste directo, el correlato entre la “obra” efectuada para la reformulación del capitalismo en Chile, la evidencia de las presiones de funcionarios de la dictadura y del embajador norteamericano en favor de Sebastián Piñera, mientras estuvo prófugo de la justicia, y el tan inexplicable como abrupto origen de la fortuna del éste último, cumple de modo suficiente con esa condición.
Respecto de la autenticidad de los documentos que estamos desclasificando, convienen reiterar conceptos que hemos entregado en cada oportunidad. Primero, que tanto la identidad de la fuente, como las funciones que desempeñaba, fueron probadas ante el que suscribe, en un nivel suficiente, desde el punto de vista del método y la ética periodística. Segundo, confrontados los contenidos con otras fuentes, se observa una coherencia y concordancia que respaldan la hipótesis de verosimilitud. Tercero, que ésta sólo puede ser probada a nivel de tribunales, únicas instancias que cuentan con atribuciones, facultades y medios técnicos para hacerlo.
Acumulación silenciosa
En el caso señalado al inicio, las fechas mencionadas tanto en los documentos, como en los procesos judiciales, incluidos la investigación del juez Luis Correa Bulo y el recurso de amparo presentado por la defensa de Sebastián Piñera, coinciden con el desempeño de José Piñera Echenique, primero en el Ministerio del Trabajo, y luego en el Ministerio de Minería, desde donde impulsó cuatro de las siete “modernizaciones” que hacen parte de la arquitectura del actual modelo neoliberal y que en su momento Joaquín Lavín bautizó como una “revolución silenciosa”. De creerle al contenido de los documentos, lo que en verdad había de silencioso era esa operación de acumulación originaria de capital, que tiene a uno de los miembros del clan en posesión de una de las mayores fortunas del país, con base en lo cual, porfiadamente se ha propuesto “regir los destinos políticos y económicos de Chile”.
Desde otra perspectiva, la arquitectura institucional diseñada por José Piñera Echenique se mantiene en lo sustancial inalterada, por lo que mal se puede pretender que se trata de “hechos del pasado”.
Su biografía establece que e n 1970, José Piñera se graduó como economista de la Universidad Católica, en ese entonces fuertemente influida por el Departamento de Economía de la Universidad de Chicago. Ese mismo año, inició estudios de post grado en economía en la Universidad de Harvard. En 1972 recibió su grado de magíster y en 1974 su doctorado en Economía. En 1975, regresó a Chile y ejerció como profesor de la Universidad Católica de Chile, hasta 1978, cuando fue designado por Pinochet como Ministro del Trabajo. Una crónica de la revista Qué Pasa, del 3 de diciembre de 2005, señala que Sebastián Piñera llegó a Infinco, en reemplazo de su hermano José, al ser éste designado Ministro del Trabajo de Pinochet. Un informe del diario La Nación, el 26 de julio pasado, señala que Infinco fue constituida en abril de 1978, si bien aparece formalmente escriturada el 28 de julio de 1980.
La importancia de Infinco radica en que fue el mascarón de proa de la maniobra destinada a ordeñar el Banco de Talca, mediante créditos concedidos a empresas relacionadas y utilización fraudulenta de beneficios con los que el Banco Central incentivaba las exportaciones. El documento WSA/WAS/3215 B de la CIA, le atribuye la autoría intelectual de esas maniobras a José Piñera Echenique. Infinco fue también la matriz del negocio de las tarjetas de crédito, que habitualmente se asocia al origen de la fortuna de Sebastián Piñera. En efecto, según el informe de La Nación, cuando se constituye la Sociedad Administradora de Tarjetas de Crédito Bancard, autorizada, mediante decreto 540, el Banco de Talca poseía un 10% de las acciones, Infinco un 8% y Sebastián Piñera un 1,9%. Sin perjuicio de estimar la defraudación al Banco de Talca en 240 millones de dólares, otro de los documentos desclasificados señala de modo textual: “se establece contactos con nuestro Embajador y Ministro Consejero/ a través de José Piñera/ para el ingreso a Chile de tarjetas de créditos / reguladas por entidades americanas”.
Plan laboral
Sebastián Piñera desempeñó la gerencia general del Banco de Talca entre marzo de 1979 y septiembre de 1980, período en el cual se generaron, al amparo del grupo Calaf-Danioni, controladores del Banco de Talca, las sociedades Asesoría General de Proyectos de Construcción Ltda., Industrias del Acero Ltda., INDAC, Inversiones Arena, Inversiones Río Claro S.A., Agrícola Los Montes, Agrícola Tamarugal, Agrícola Laguna Verde y Forestal Los Lirios, entre otras.
Mientras ocurrían esos hechos, desde el Ministerio del Trabajo José Piñera Echenique, a partir de junio de 1979, con la dictación de una serie de decretos que fueron configurando la nueva institucionalidad laboral, particularmente los decretos leyes 2.200 sobre contrato individual, 2.756 sobre organización sindical y 2.758 sobre negociación colectiva, terminaba de una plumada con los derechos de los trabajadores adquiridos durante más de cincuenta años de duras luchas.
Dicha legislación ad-hoc persiguió un doble objetivo.
De una parte, flexibilizó ampliamente los derechos individuales, pero en dirección a atomizar a las organizaciones sindicales y a desregular las relaciones laborales en función de entregarle al empleador amplias facultades para determinar las jornadas de trabajo y las remuneraciones. En el otro extremo, rigidizó en forma absoluta el ejercicio de los derechos colectivos, como la negociación colectiva y la huelga, hasta el punto de tornarlos casi ilusorios. El efecto combinado de esta nueva institucionalidad laboral implicó simultáneamente el retiro del Estado de la supervisión de las relaciones laborales y la desprotección del movimiento sindical ante un empresariado que no trepidó en valerse de sus nuevos fueros y libertades para obtener del trabajo inéditas tasas de productividad y explotación. El resultado neto de tal política ha sido la contracción de la participación de los salarios en el producto nacional desde cerca del 70% alcanzado en 1972, hasta el 38% de la actualidad, y en la reducción del número de trabajadores sindicalizados, desde los más de 900 mil del año 1972, a los poco más de 680 mil registrados por la Dirección del Trabajo en 2004, alrededor del 9% de la fuerza laboral, porcentaje que correlacionado con el crecimiento de la población, arroja una merma brutal.
Privatización de la seguridad social
El 2 de noviembre de 1981, la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras intervino el Banco de Talca, y designó un administrador provisional, Eugenio Silva Risopatrón , quién entabló una querella criminal contra el grupo controlador y quienes resultaren responsables de numerosas infracciones a la ley de bancos, presentación que dio origen a la causa rol Nº 99.971-6, en la cual fueron encargados reos Carlos Massad, Sebastián Piñera, Miguel Calaf, Alberto Danioni y Emiliano Figueroa.
Por entonces, en noviembre de 1981, José Piñera ya había perpetrado la segunda de sus “gracias”, la reforma del sistema de pensiones, mediante el decreto ley 3.500, cuyo artículo 1º establece: “créase un Sistema de Pensiones de Vejez, de Invalidez y Sobrevivencia derivado de la capitalización individual que se regirá por las normas de la presente ley”.
Aunque se proclama un liberal convencido, Piñera no trepidó en virtualmente expropiar la seguridad social de los trabajadores (“la afiliación al sistema es única y permanente; subsiste durante toda la vida del afiliado, ya sea que se mantenga o no en actividad, que ejerza una o varias actividades simultáneas o sucesivas, o que cambie de Institución dentro del sistema”); en entregársela sin opción alternativa a unas nuevas y extrañas instituciones privadas (“el inicio de la labor del trabajador no afiliado genera la afiliación automática al sistema y la obligación de cotizar en una Administradora de Fondos de Pensiones”) y, sin preguntarle a nadie, extendió la vida laboral de los chilenos (tendrán derecho a pensión de vejez los afiliados que hayan cumplido sesenta y cinco años de edad si son hombres, y sesenta años de edad si son mujeres”).
Casi 28 años después, los resultados son desastrosos.
Según cálculos actualizados de CENDA, la pérdida del fondo de pensiones asciende a 16 mil 649 millones de dólares, desde el inicio de la crisis económica en agosto de 2007, mientras que para precaver el evidente hecho de que el sistema no sería capaz de pagar siquiera pensiones mínimas a más de la mitad de los afiliados, cuando la primera generación de afiliados a las AFP cumpliera la edad de jubilar, el Estado acudió con un oportuno rescate, mediante el cual se obligó a asumir la pensión básica solidaria, en la misma oportunidad en que amplió la autorización para la inversión del fondo en el extranjero hasta el 80% del mismo.
Privatización de la salud
Simultáneamente, el artículo 84 del DL 3.500 estableció la cotización obligatoria de salud para los trabajadores dependientes, y “facultó” a los trabajadores a aportar esa cotización a alguna institución o entidad diferente al Estado que le proporcione prestaciones y beneficios de salud. Luego el DL 3.501, también debido a José Piñera, radicó definitivamente dicha cotización de cargo del trabajador. Finalmente, el DFL N° 3 de 1981, del Ministerio de Salud, reguló la existencia y funcionamiento de Instituciones de Salud Previsional o Isapres. La privatización del sistema de salud ha determinado que el sistema privado, que atiende al 16% de los usuarios de servicios de salud, absorbe alrededor del 40% del gasto total en salud, dejando el saldo repartido en alrededor del 70% de los usuarios que se atiende en FONASA, todo lo cual se ha traducido en una salud de primer nivel para los que puedan pagarla, y un virtual colapso de un sistema público que ya no da abasto para atender el sostenido incremento de la demanda.
Desnacionalización del cobre
La orden de aprehensión de Miguel Juan Sebastián Piñera Echenique, en el contexto del proceso 99.971-6, por infracción a los artículos 26 y 26 bis de la ley general de bancos y defraudación al Banco de Talca, firmada por el juez Luis Correa Bulo, tiene fecha 27 de agosto de 1982.
Ya por entonces, José Piñera Echenique había rematado su actuación, en calidad de autor intelectual de la Ley Orgánica Constitucional 18.097 sobre Concesiones Mineras, de enero de 1982, como antes lo fue del Código Laboral y del sistema privado de pensiones, que en la práctica significó la segunda desnacionalización del cobre. En términos sucintos, dicha ley establece la “concesión plena”, argucia jurídica que permitió evadir la disposición constitucional aún vigente, en el sentido de que el Estado tiene el dominio “ absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible» de todas las minas”; concesión que fue revestida para todos los efectos como “derecho de propiedad”, y protegida por condiciones de indemnización tan favorables –al contado y al “valor de la totalidad del daño patrimonial efectivamente causado, el cual equivale en el caso de la concesión de explotación al Valor Presente de los flujos futuros de caja que ella puede generar”, como se jacta el propio Piñera-, que en la práctica se torna inexpropiable.
Hoy, a 27 años de ese hito lamentable, Codelco detenta el 25% de la producción de cobre del país, contra el 75% de la producción de la minería privada, en su gran mayoría transnacional; la gran minería del cobre, la actividad más dinámica del actual modelo de acumulación, emplea a menos del 1% de la fuerza laboral del país, mientras que las nueve mineras transnacionales sacaron de Chile alrededor de 80 mil millones de dólares en el ciclo de altos precios del cobre, vigente desde 2004 a la fecha.
Una última consideración sobre los documentos de la CIA.
Afirmamos que no hemos publicado nada que no haya sido contrastado al menos con una segunda fuente. En el caso de José Piñera, más que un contraste directo, el correlato entre la “obra” efectuada para la reformulación del capitalismo en Chile, la evidencia de las presiones de funcionarios de la dictadura y del embajador norteamericano en favor de Sebastián Piñera, mientras estuvo prófugo de la justicia, y el tan inexplicable como abrupto origen de la fortuna del éste último, cumple de modo suficiente con esa condición.
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