Un municipio colombiano podría parar la locomotora minera que el presidente Juan Manuel Santos ha apoyado con ahínco en su plan nacional de desarrollo. ¿Podrá un pueblo ganarle a toda una gigante multinacional?
Piedras, un municipio del departamento del Tolima famoso por tener uno de los ríos donde se encuentran las únicas ostras de agua dulce de América, hoy está en boca de los colombianos y la discusión acerca de la megaminería. Todo desde el pasado 28 de julio cuando decidió en una consulta popular que su municipio no permitiría actividades relacionadas con la extracción minera que afecten el agua y la vocación agrícola de la región.
En una votación histórica donde 3.007 votantes habilitados en el municipio de Piedras participaron desde muy temprano en las urnas, 2.974 votaron por el No a las “actividades de exploración, explotación, tratamiento, transformación, transporte, lavado de materiales provenientes de la extracción de las actividades de explotación aurífera a gran escala” y solo 24 votaron por el Sí.
Una decisión rotunda del pueblo de Piedras a través de una de las herramientas de participación ciudadana legadas por la Constitución colombiana de 1991: la consulta popular, que en el país solo se ha utilizado unas 16 veces desde su aparición jurídica.
La decisión fue tomada después de una larga resistencia en contra del proyecto minero La Colosa, uno de los descubrimientos auríferos más grandes en el mundo actualmente, llevado a cabo por la empresa surafricana AngloGold Ashanti en el municipio de Cajamarca del mismo departamento del Tolima. Uno de los planes de la multinacional era ubicar las plantas de aprovechamiento de roca y las piscinas de lixiviación donde se utilizarían grandes cantidades de agua y un porcentaje altamente peligroso de cianuro en el municipio de Piedras, específicamente en el corregimiento de Doima.
ORGANIZANDO LA RESISTENCIA
Ante la inevitable llegada de la multinacional, la gente del municipio de Doima promovió una resistencia de más de seis meses donde se enfrentaron a la fuerza pública, declararon no grata a la multinacional AngloGold Ashanti y organizaron un “plantón” permanente a la entrada del pueblo para impedirle el paso a los vehículos de la empresa. Su lucha se hizo visible en las urnas el 28 de julio y el grito de victoria no se hizo esperar.
El problema surge cuando una manifestación clara de democracia directa como lo es la consulta popular choca con las políticas impuestas desde la cabeza del Estado, que consideran este tipo de proyectos mineros como de interés nacional, por lo tanto la decisión de un municipio o un departamento no es suficiente para parar el desarrollo de un proyecto minero a gran escala. Además el gobierno ha expedido un decreto determinando la propiedad estatal del subsuelo de la nación, lo que impide que los municipios prohíban las actividades mineras en su territorio.
Pero la situación se vuelve más compleja cuando una decisión como la que tomaron los habitantes de Piedras si incide en el suelo de su municipio, lo que haría imposible que aquello que quieren hacer con el subsuelo no afecte a la vez el suelo, el cual es propiedad municipal y departamental. Esto representa un conflicto entre las entidades territoriales y el Estado Central.
LO QUE HAY EN JUEGO
La votación ha concitado la atención del gobierno de Juan Manuel Santos y de la sociedad civil. La decisión de los habitantes de Piedras resulta un precedente para los demás movimientos sociales y ambientales que cuestionan los proyectos minero-energéticos a gran escala en sus territorios. Si se avala la consulta popular de Piedras se abrirían las posibilidades para que más comunidades puedan decidir sobre permitir actividades mineras en su jurisdicción; si se anula habría un gran cuestionamiento acerca de la legitimidad de las decisiones estatales que ante la opinión pública se ven impuestas sobre las decisiones soberanas de las comunidades que, según la Constitución colombiana, son la fuente soberana del poder estatal.
Este dilema surge en un momento en que el país se cuestiona duramente el desarrollo de actividades mineras y la concesión de títulos mineros a empresas multinacionales que, actualmente, solicitan más del 40% del territorio nacional. Además de una serie de huelgas del sector minero ilegal y artesanal que han puesto en vilo al gobierno de Santos por enfrentar de manera violenta las manifestaciones sin un gesto claro de diálogo, por lo que una acción de derecho como la que ejerció la población de Piedras con su consulta popular no podrá ser deslegitimada tan fácilmente, a menos que el gobierno de Santos quiera, en vez de que la gente se manifieste pacíficamente por medio de las herramientas del derecho, que lo hagan por medio de las medidas de hecho a las cuales tanto le teme, sobre todo en la coyuntura donde se define la posible paz con las guerrillas y el panorama de unas nuevas elecciones en el 2014.
Jean Paul Saumon
El Ciudadano
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